Castilla y León mantendrá las restricciones más allá de las ‘no fiestas’ del 15 de agosto

La fecha señalada no es baladí porque precede al fin de semana que concentra más visitantes y (no) fiestas en una gran mayoría de los numerosos pueblos de la Comunidad. Cientos de ellos reciben esos días a miles de paisanos que vuelven a ‘casa’ por agosto y también a un amplio número de turistas ávidos de conocer y disfrutar de la España de interior. Se juntan en las tradiciones celebraciones de la Virgen de la Asunción y San Roque que este año no serán como solían porque, entre las limitaciones, también se mantienen el cierre de las peñas y que actos tan típicos de esos días como verbenas y pasacalles haya que guardar distancia de seguridad y utilizar mascarillas.

Además, las procesiones y romerías, también clásicas en torno al 15 de agosto, tendrán un aforo limitado al 75% y con máximo mil personas que deberán permanecer sentadas y con mascarilla si no es posible mantener la distancia de separación. Además, no se permitirán muestras físicas de devoción, (besos, contacto sobre imágenes, etc...). Igea justificaba la prorroga en el objetivo de «mantener el ritmo de descenso» de la incidencia y que esa caída «sea lo más rápida posible».

Respecto a la pandemia llegarían también las críticas más duras del vicepresidente. Fue a raíz de la polémica levantada por el pasaporte Covid . Este fórmula, que permite acceder a determinados espacios, como el interior de la hostelería o discotecas, mostrando el certificado que acredita que la vacunación está completada, ya se ha puesta en marcha en Galicia, mientras que Tribunal Superior de Justicia la tumbaba ayer en Canarias.

La falta de unidad en los criterios es lo que no gusta. Para Igea, la ausencia de voluntad para poner medidas comunes lleva a que el Gobierno de la nación contribuya «a la disolución del concepto de nación» por la gestión de la crisis del coronavirus. Asimismo, acusó al Ejecutivo central de «eludir sus responsabilidades», lo que causa el «triunfo de la desigualdad». Esta situación, a juicio del portavoz de la Junta, genera que «un ciudadano español tenga unos derechos en un sitio y otros en otro, dentro del mismo territorio nacional».

Sobre el pasaporte en concreto, señaló que puede ser una «buena medida» siempre que se exija para actuaciones concretas y después de que la ciudadanía haya tenido acceso a las vacunas. El fallo viene por la falta de uniformidad en los criterios que provoca que «unos señores tengan unos requisitos si están en Galicia y otros si están en Andalucía», algo que se viene denunciando desde hace meses por parte del Ejecutivo Autonómico.

Otros asuntos que también se abordaron en el Consejo de Gobierno es el frenazo del ritmo de vacunación en Castilla y León. El portavoz de la Junta trasladó al Gobierno central «que utilice todos los mecanismos que la Unión Europea permite para mejorar el suministro de dosis».