Castilla y León acelera su ley para el final de la vida frente al «sí» del Congreso a la eutanasia

Sin embargo, la postura favorable de los diputados de Ciudadanos a la iniciativa de los socialistas, no coincide con la que mantiene en Castilla y León el también dirigente de la formación naranja, Francisco Igea, que ayer arremetió contra un texto legislativo que supone la despenalización de la eutanasia. Así, para el vicepresidente de la Junta, «lo necesario es que los ciudadanos no tengan que elegir entre suicidio y horror». «No puede ser que esa sea la disyuntiva», insistió Igea tras el consejo de Gobierno, y explicó que «hay un enorme campo en medio» que va desde los cuidados paliativos a la regulación de la sedación en los pacientes terminales, o la garantía de que no se va a producir un ensañamiento terapéutico.

Por eso, para el portavoz de la Junta, «lo que la gente espera es que hasta el final de sus días pueda mantener el control y no sufra de forma innecesaria». Con esos objetivos, la Junta, a través de la Consejería de Sanidad, presentó el pasado mes de julio el que fue el primer texto normativo elaborado por el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos. De hecho, fue el propio Igea el encargado de presentar el citado anteproyecto, un texto muy similar al que él mismo defendió en el Congreso durante su etapa como diputado de la formación naranja.

Lo cierto es que, tras la aprobación esta semana en la Cámara Baja de la proposición de Ley de Eutanasia, la ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida , que diseña el Ejecutivo autonómico, «se acelerará» en su proceso, según anunció Francisco Igea, con el objetivo de que esté aprobada en el primer periodo de sesiones, es decir, antes del verano.

De momento, el borrador ya ha pasado por el primer trámite de audiencia pública en el que particulares y colectivos presentaron las alegaciones y recomendaciones que consideraron oportunas. Así, en esta primera fase del proceso, el anteproyecto no ha contado casi con oposición y han sido muy pocas las apreciaciones que se han presentado, según señalaron fuentes de la Consejería de Sanidad.

Es más, en el portal de Gobierno Abierto, en el que la Junta cuelga todas sus iniciativas, sólo se introdujeron cuatro sugerencias. En una de ellas se reclama la regulación de los equipos de cuidados paliativos para garantizar la correcta formación de los profesionales. En otra de las alegaciones se sugiere que a través del Plan de Cuidados Paliativos se haga un seguimiento de la citada ley mediante la creación de una comisión específica en la que esté presente la sociedad civil. Por último, se sugiere elevar hasta los 14 años el derecho del paciente a estar informado.

Una cuarta sugerencia llegó desde el Centro Hospitalario Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias, que cuentan con centros especializado en cuidados paliativos en Valladolid y Palencia. En este caso, el Comité de Ética de la congregación muestra su apoyo al anteproyecto de la Junta ya que «recoge fielmente los derechos de las personas para que se proteja su dignidad en el proceso del final de sus vidas». «Consideramos que respeta de forma íntegra a las personas y reconoce el derecho a una atención paliativa de calidad y adecuada a cada persona», insisten en su escrito las Hermanas Hospitalarias de la Provincia Canónica de Palencia. Y hacen especial énfasis en el hecho de que se refuercen los «principios de autonomía, respeto a la intimidad y confidencialidad, derecho a la información y al consentimiento informado, a rechazar tratamientos extraordinarios y a establecer unas voluntades previas, así como el derecho al acompañamiento espiritual y el de la familia, a garantizar la intimidad en las fases finales y a unos cuidados paliativos de calidad, para llegar al final de la vida libre de síntomas y con acompañamiento integral.

Durante el proceso de exposición pública del anteproyecto, también se recibieron en audiencia a diferentes colectivos sociales, como ha sido el caso de Abogados Cristianos que se han mostrado de acuerdo con el texto inicial aunque, en declaraciones a ABC, anunciaron que estarán pendientes de su tramitación en las Cortes autonómicas y en el contenido de las alegaciones que puedan ser incluidas en el proyecto. Insistieron también en que las «líneas rojas» están en la despenalización de la eutanasia y en facilitar la aparición de clínicas en las que se pueda aplicar, dos aspectos que no aparecen en la iniciativa castellano y leonesa que, en ningún caso, habla de eutanasia, somo sí sucede en la proposición nacional.