La Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género atiende a 829 mujeres, 44 más que en 2020

Estas cifras, apuntan desde el Gobierno regional en un comunicado, ponen de manifiesto los avances en cuanto a sensibilización y concienciación social respecto a la existencia de este problema estructural, y la obligación de prevenirlo, denunciarlo y apoyar a quienes lo sufren.

Al mismo tiempo, refuerza el planteamiento de la Junta sobre la necesidad de reforzar el actual modelo ‘violencia cero’, de manera que los Servicios Sociales sean, además de la puerta principal de entrada al sistema, una vía de salida hacia una vida independiente y plena de derechos para las mujeres que han sufrido maltrato.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado este jueves una reunión ordinaria de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, órgano colegiado donde se estudia, analiza y se realiza un seguimiento de la realidad social de la Comunidad en relación con la materia de género.

En el transcurso del encuentro se compartió un informe sobre las actuaciones realizadas en el último año en el marco de la Red de Atención a las Víctimas, los avances y resultados conseguidos en las distintas áreas de acción, y el refuerzo necesario en los procedimientos para articular el nuevo modelo de atención ‘In-On-Out’, al amparo de la futura ley autonómica.

En lo que va de año (hasta el 15 de noviembre), el servicio de atención telefónica 012 Mujer ha recibido un total de 6.458 llamadas (5.735 relacionadas directamente con casos de violencia de género), frente a las 5.054 del año anterior; otras 2.260 han entrado a través del teléfono 016 (3.022 en 2020), de las que 1.331 fueron derivadas al 012 (1.160 un año antes); y el 112 de Castilla y León ha canalizado 2.581 llamadas (2.365 en 2020).

En la reunión celebrada se informó de que, a fecha de 15 de noviembre, existen 3.181 informes de valoración de violencia de género activos.

Respecto al perfil, el 47,22 por ciento de las víctimas tiene entre 31 y 45 años; el 27,82 por ciento entre 46 y 64 años, y el 18,42 por ciento se sitúa en la franja de edad de entre 18 y 30 años. Existe un porcentaje del 5,63 por ciento de mayores de 65; otro del 0,63 por ciento de menores de edad, y en el 0,28 por ciento de los casos no se ha podido acreditar la edad. Casi tres de cada cuatro (el 73,97 por ciento) residen en ámbito urbano. Esta radiografía es muy similar a la obtenida hace un año.

Además, se ha identificado un porcentaje del 35,65 por ciento como víctimas especialmente vulnerables por su condición de inmigrantes o su pertenencia a una minoría étnica; por padecer algún tipo de discapacidad o por acusar problemas de drogodependencias.

En lo que respecta al tipo de atención dispensada, se ha ofrecido asesoramiento jurídico a 166 mujeres a través del convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cruz Roja (115 el año anterior) y a otras 167 por medio de las corporaciones locales (120 un año antes), mientras que el servicio de defensa letrada y asistencia jurídica gratuita –formalizado a través de convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León– ha operado en 47 procedimientos penales por agresiones sexuales (32 en 2020) y en dos procedimientos nuevos (y ocho en curso) relacionados con los huérfanos y otros familiares de víctimas.

Junto a esto, 1.599 mujeres; 190 menores; 40 maltratadores y 35 personas dependientes de la víctima (otros familiares) han recibido apoyo psicológico a través del Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de Psicología de Castilla y León, al tiempo que este servicio ha intervenido de forma urgente en sede policial o judicial con 319 víctimas. Un año antes este servicio intervino con 1.215 mujeres, 150 menores, 39 agresores y 21 personas dependientes, y otras 215 víctimas en comisaría o juzgados.