30.000 firmas reclaman a la Generalitat que devuelva documentos a Salamanca

Instantes antes de entregar las firmas, Sánchez junto a otros miembros de la Asociación y un grupo de ciudadanos, desplegaron una pancarta ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en la calle Alcalá de la capital. Allí aseguró que portaban «30.193 firmas de españoles de todas y cada una de las provincias de España, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla, y de españoles residentes hasta en 69 países» y desveló que incluso una de ellas procedía «de la Antártida» .

Así calificó la recogida de firmas como « la mayor movilización en la historia en defensa del Archivo de Salamanca» con el objetivo de «exigir» a la Generalidad de Cataluña que «devuelva los documentos que mantiene indebidamente en su poder», unos 400.000 de los cerca de un 1.400.000 que fueron trasladados en el año 2005, según sus propios cálculos y que, según sus propias palabras, fueron «robados». Le piden así que «cumpla la ley y que acate la sentencia del Tribunal Constitucional».

Entre esos documentos que debería devolver Cataluña, aseguró, hay decenas de miles que pertenecen a «familias de Madrid, de Valencia, de Aragon, de Murcia, de Andalucia y de todos y cada uno de los rincones de España». Además también se le exige que regresen a Salamanca los documentos «que no tienen propietario» en virtud de la sentencia del Constitucional. Y es que, según explicó, dicha sentencia «establece que la Generalidad no recibió los documentos al objeto de apropiárselos, como ha hecho, sino para localizar a sus propietarios y devolvérselos. Y cuando esto no es posible porque son de organizaciones que hace décadas que no existen, tienen que devolverse al Archivo de Salamanca».

Según dijo, los afectados y los firmantes están «hartos de esperar» porque mientras que ellos cumplen las leyes, en Cataluña «un grupo que dirige el Gobierno de la Generalidad» se pone «en rebeldía contra el Estado de Derecho». A este respecto aseguró que el Archivo de la Guerra Civil Esañola, con sede en la capital charra, es «la memoria del pueblo español» y «no hay derecho a desmembrala por intereses políticos».

La campaña de recogida de firmas por Internet, encauzada a través de la asociación cívica «HazteOir.org», se inició el pasado 10 de marzo en veinte días ha recogido más de 30.000 apoyos y aún sigue abierta. Según dijo su presidente, Ignacio Arsuaga, los ciudadanos van a poder seguir adhiriéndose a la misma «hasta que haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o hasta que el presidente Puigdemont devuleva los documentos».