La pena de dos años y tres meses de prisión, además del pago de una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios, fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2021. En una sentencia de 29 páginas, el Alto Tribunal explicó por qué desestimaba el recurso de casación de Félix Arroyo, quien fue condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, así como a devolver los 110.300 euros que sisó al matrimonio a través de tres cuentas de crédito entre 2006 y 2010. No contaba con su consentimiento y por eso tuvo que falsificar las firmas de Emilio y María del Prado.
Ahora, Félix Arroyo está citado el martes, a las diez de la mañana, para ser juzgado por un tribunal de la Sección Segunda. Se le acusa de apropiarse de algo más de 1,7 millones de euros de 40 clientes de la misma oficina bancaria, la mayoría particulares, entre el año 2000 y febrero de 2013. Entre los perjudicados también hay una empresa de construcción, la Hermandad del Cristo de la Vera Cruz y la Asociación Peña Madridista Las Herencias.
El Ministerio Público pedirá seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, otro de falsedad en documentos mercantiles y uno más de delito continuado de estafa. Según el escrito de acusación, Félix Arroyo también se aprovechó de la confianza de los vecinos y «se apoderó del dinero que los clientes mantenían en el banco».
Para ello, les recogió la firma en documentos en blanco, lo que le servía después como soporte documental interno para la disposición de efectivo de las cuentas. También retiraba dinero de fondos sin entregar ningún documento justificativo o se quedaba con los ingresos en efectivo que hacían los clientes.
Cuando le pedían información sobre los saldos, actualizaciones de las libretas o justificantes de operaciones, Félix les entregaba libretas cumplimentadas a máquina de escribir o impresos manipulados con sello y firma de la entidad bancaria. Además, aprovechaba que era el director para utilizar las claves de compañeros cuando se ausentaban de su puesto de trabajo.
Liberbank, que absorbió Caja Castilla-La Mancha en octubre de 2018, devolvió un millón de euros a 27 afectados, según el escrito de acusación, firmado el 8 de junio de 2021.
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