El consorcio de bomberos no incumplió el convenio con Ocaña

Una sentencia dice que el acuerdo en cuestión «es de dudosa legalidad»

ToledoActualizado:

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (Cpeis) no incumplió el convenio con el Ayuntamiento de Ocaña, que le pidió el pago de la anualidad de 2015 tras firmar un acuerdo en 2014. Así lo confirma la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, contra la que cabe recurso de apelación, y asegura que el convenio en cuestión «es de dudosa legalidad», apoyándose en el informe del interventor de la Diputación.

La alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo, presentó en mayo de 2016 un recurso contencioso-administrativo contra el Cpeis por incumplimiento de convenio, pidiendo 490.000 euros que el Ayuntamiento de Ocaña había gastado en el año 2015 «para garantizar la seguridad de los más de 45.000 habitantes de la comarca».

Sin vigencia

Sin embargo, la magistrada-juez aclara que, culminado el ejercicio 2014 durante el cual se firmó el convenio y estuvo vigente, «y no habiendo comunicado ninguna de las partes su voluntad de prorrogarlo con un mes de antelación a la expiración del período de vigencia del convenio, éste se prórrogó en 2015, pero esa continuación no llegó a tener vigencia al no cumplirse la condición consistente en la reserva de crédito en los presupuestos del Cpeis, condición ‘sine quae non’ para la vigencia de la prórroga».

Por tanto, dice el fallo, «desde el 1 de enero de 2015 en que se produjo la prórroga, la misma no tenía vigencia, no siendo exigible pago alguno». Y señala la «torpeza» del Ayuntamiento de Ocaña «al intentar hacer valer tan irregular convenio en lo que le favorece» (subvencionó el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que asumió de forma absolutamente voluntaria), «y eludir en cambio lo que del mismo convenio, que no impugnó, le perjudica».

Según la sentencia, «no existe un incumplimiento del convenio por parte del Cpeis y sí en cambio motivos para eludir la consignación presupuestaria que activaría la vigencia de un convenio de dudosa legalidad», un acuerdo que la magistrada califica también de «anómalo y dudoso».