Juzgan un presunto abuso sexual a una mujer deficiente en una residencia de Toledo

Por ello, la fiscal del caso y la abogada de la presunta víctima piden una pena de ocho años de prisión, mientras que la defensa de José —la misma que representa a la Diputación como posible responsable subsidiario— reclama la libre absolución.

Cuando supuestamente ocurrieron los hechos en marzo de 2012 en los alrededores de la iglesia —«San José» es como una pequeña ciudad—, tanto el acusado como Cristina (nombre ficticio) vivían en el mismo centro, conocido popularmente como «La Vinagra» y dependiente de la Diputación Provincial de Toledo. Cinco años y medio más tarde, ambos continúan en la misma residencia junto con otros 350 usuarios, aunque José y Cristina ahora se encuentran en módulos distintos.

José hizo uso de la última palabra en la sala de la Sección 2ª de la Audiencia de Toledo, donde se celebró la vista 69 meses después de la denuncia formulada por el tutor de Cristina. El acusado, puesto en pie, dijo que estaba «muy dolorido» por la situación que estaba viviendo debido a un «testimonio falso» . «Al cabo de tantos años, nunca me había pasado nada. De pronto, me he encontrado esto», balbuceó.

La sala se abrió a la prensa para escuchar las conclusiones definitivas y el turno de última palabra para el encartado. Hasta entonces, todas las declaraciones de trabajadores, amigas y compañeras de residencia de la denunciante, policías y peritos forenses se realizaron a puerta cerrada.

«No quiero ni verlo» , afirmó la presunta víctima, sentada en un banco de madera en el rellano de la primera planta, tras declarar en la sala. Se lo decía a su tutor, quien la consolaba acariciándole el rostro, mientras daba sorbos a un vaso con agua que le había llevado una agente judicial.

El testimonio de Cristina, que sufre una discapacidad intelectual severa certificada, convenció a la fiscal y a la acusación particular. «Queda acreditado que hubo penetración anal y le tocó los pechos», según afirmó la representante del Ministerio Público en sus conclusiones elevadas a definitivas. Para la fiscal, Cristina no se inventó nada. «La víctima siempre ha hablado de los mismos hechos y ha imputado a la misma persona», subrayó.

«Ha quedado acreditada la versión de la denunciante, compatible con las lesiones», remarcó la acusación particular, quien incidió en la «especial vulnerabilidad» de la presunta víctima. La abogada de Cristina culpó además a la Diputación de no haber empleado las herramientas necesarias para evitar este presunto delito.

Pero la defensa echó por tierra el testimonio de Cristina. «No hay restos de semen, ni moratones, ni arañazos», acentuó uno de los abogados de José. «Está claro que [las lesiones en el ano] se debieron a hemorroides y estreñimiento», añadió la letrada, quien destacó que la presunta víctima había sido «castigada» en varias ocasiones por enfrentamientos con otros residentes antes del supuesto abuso sexual de José.

La defensa fue más allá. «La víctima es capaz de inventar» y «estaba enfadada porque le había dejado un novio», según la letrada del encartado, quien describió a su cliente como un hombre «tranquilo y educado, al que no le gusta relacionarse con nadie», que «jamás ha reconocido ser el autor de los hechos» y que «ha dicho que nunca ha tenido relaciones sexuales».

En el caso de que el abuso hubiese existido, ¿por qué los tutores legales de Cristina no solicitaron un cambio de residencia tras denunciar el presunto abuso sexual?, se preguntó la abogada de José. «Ha quedado claro que [la presunta víctima] es una persona fantasiosa (...) y muy influenciable», destacó el otro abogado del acusado, quien puntualizó que «José no estuvo a disposición judicial ni pisó un calabozo» tras ser denunciado.

El abogado habló de una confabulación en contra de José, y descartó que haya existido un daño moral a la presunta víctima y a su familia. Con todo, el letrado evocó el principio jurídico «in dubio pro reo» (en caso de duda, por ejemplo por insuficiencia probatoria, se favorecerá al reo).