La vendimia pasa por la burocracia

Sin embargo, lo que para muchos es la culminación de un proceso en el que han invertido mucho tiempo y esfuerzo durante todo el año —los que podríamos llamar temporeros «de oficio»— para otros, unas veinte mil personas incluso provenientes de otros sectores laborales que han perdido su trabajo, es una oportunidad para conseguir unos ingresos «extra» que le permitan llegar a fin de mes en un contexto de coyuntura económica que ya es conocido por todos.

La viticultura es uno de los sectores más importantes de la región. No en vano, casi la mitad de la superficie vinícola española se ubica en esta comunidad autónoma. Es por ello que, cada año por estas fechas, —y según datos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (Asaja)— la región da trabajo a unas veinte mil personas.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, asegura que, aunque el grueso de cuantos trabajan como temporeros durante la vendimia castellano-manchega procede del extranjero, la tendencia de los últimos años apunta a un aumento considerable de los españoles, debido a la alta tasa de desempleo que se ha asentado en el país.

A este respecto, desde Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, apuntan a que el previsible incremento de la contratación de inmigrantes en estos meses de campañas agrícolas —especialmente durante la vendimia— será sólo «un espejismo», puesto que es algo que sucede todos los años y, por tanto, no significa que haya una recuperación de los datos del paro.

Sin duda, vendimia y migración han ido de la mano desde tiempos inmemoriales. Huyendo de una economía precaria y dando un respiro al déficit laboral, familias enteras podían salvar su situación gracias a sus trabajos como temporeros.

Pese a que España es el país con la mayor extensión cultivada de viñas del mundo —más de un 15% del total mundial—, es ya una costumbre repetida que miles de trabajadores españoles partan en dirección a Francia, otro de los grandes productores, para participar en la cosecha gala.

Sin ir más lejos, CC.OO. prevé que 14.000 españoles trabajen en la vendimia francesa este año, algunos de ellos procedentes del sector de la construcción y la hostelería motivados por la actual coyuntura económica.

En este sentido, la secretaria regional de Empleo y Migraciones de CC.OO., Lola Santillana, apunta que aproximadamente quinientas personas de la región se trasladarán a Francia, —en su mayoría albaceteños—, lo que «vienen haciendo desde hace muchos años». Es por esto que asegura que el hecho de que se produzca este flujo migratorio hacia la vendimia francesa «nunca ha interferido en la de Castilla-La Mancha» de manera negativa. Como posibles razones de esta marcha al país vecino se encuentran salarios más altos, mejor alojamiento y unas condiciones laborales «muy superiores» a las de la región.

Pero el movimiento migratorio tiene siempre dos caras: los que se marchan por los que llegan, y Castilla-La Mancha recibe cada año alrededor de 13.000 inmigrantes para la recogida de la uva.

Este año, sin embargo, la llegada de inmigrantes se enfrenta a una dificultad añadida a las ya conocidas: el restablecimiento de una moratoria a la que el Gobierno dio fin en 2009 y que obliga a que los ciudadanos rumanos y búlgaros que no estén inscritos como demandantes de empleo o en la Seguridad Social en España antes del 23 de julio, pasen a ser ciudadanos ilegalizados.

Ello plantea un problema para los propietarios de los viñedos que, cada año, contratan a personas de este nacionalidad que, en su condición de libre circulación de ciudadanos europeos, llegan a los pueblos de la región en busca de trabajo.

En primer lugar, porque los que no cumplan con los requisitos anteriormente descritos necesitarán de un permiso especial para ser contratados por cuenta ajena y, por tanto, la tramitación de estos permisos podría ralentizar el comienzo de la vendimia. A este respecto, José María Fresneda avisa de que el proceso de contratación «no se hace en un minuto», pues es imposible prever la fecha exacta de inicio de la recolección.

Fresneda apunta a que este problema «va a ocasionar gravísimas consecuencias para la región» —haciendo referencia al difícil momento económico que están atravesando los agricultores— y asegura que «no se va a quedar ni un grano de uva en una cepa de viña, porque no vamos a permitirnos el lujo de abandonar nuestra explotación por una decisión arbitraria que no tiene ningún sentido».

Como posible solución al problema, desde Asaja proponen que las Subdelegaciones Provinciales de Agricultura, encargadas de la tramitación de los permisos de trabajo, «se comprometan a agilizar la burocracia y contribuyan para que la campaña se efectúe con total normalidad».

Además, Fresneda comtempla como otra posible solución que «los trabajadores rumanos dados de alta en el censo agrario como trabajadores por cuenta ajena —por haber trabajado en otras campañas anteriores como la de la sandía o el ajo— no necesiten de este permiso», o incluso «que se retrase la aplicación de la moratoria hasta octubre».

Otro grave problema que en demasiadas ocasiones acompaña a la campaña son los ya habituales asentamientos ilegales de trabajadores que, en muchos casos, carecen de las condiciones idóneas de habitabilidad y salubridad.

Además, son muchas las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que actúan como intermediarias en las contrataciones de estos extranjeros y les imponen condiciones laborales precarias, así como redes de tráfico ilegal de personas que atentan contra los derechos de los trabajadores.

A este respecto, Lola Santillana afirma que la puesta en marcha de la moratoria sobre ciudadanos rumanos y búlgaros va a favorecer la «actuación de empresarios desalmados y de redes de tráfico de personas que han extendido sus tentáculos hacia el colectivo de inmigrantes».

«Lo que prolifera en tiempos de crisis es aquellos que se aprovechan de las malas condiciones de los demás», advierte la secretaria general de CC.OO. , quien prevé también que las redes de falsificación de documentos incrementen sus negocios debido a los permisos de trabajo que los rumanos van a necesitar este año.

Asimismo, Santillana asegura que existen instrumentos de control de las contrataciones «que queremos que se pongan en marcha» cuanto antes, que podrían evitar estos contratos precarios. Para ello, asegura, es «importante la coordinación entre el Servicio Público de Empleo y la Inspección de Trabajo», encargada de velar por el cumplimiento de los reglamentos de extranjería.

Desde Asaja, Fresneda recuerda que su asociación «no es culpable de que puedan haber mafias que se aprovechen de la situación», incidiendo en que cuando alguna de éstas sale a la luz, en ocasiones se les señala a ellos por no haber cumplido su función. «Estamos advirtiendo por activa y por pasiva que puede ocurrir», y afirma no querer entrar en este debate «porque no es nuestro cometido, es un problema del Orden Público».

Tanto desde Asaja como desde Comisiones Obreras apuntan a que el mejor instrumento de intermediación para llevar a cabo las contrataciones es el Servicio Público de Empleo —en el caso de Castilla-La Mancha, el Centro Gestor de Campañas Agrícolas del Sepecam—, por lo que recomiendan que tanto empresarios como contratados se dirijan al mismo.