Agentes de progreso olvidados. Rodrigo González-Alegre (1)

Rodrigo González-Alegre no era originario de Toledo. Como con toda intención señaló en su momento el influyente preboste provincial Manuel María de Herreros , había llegado «de lueñes tierras» en una fecha tardía que le había impedido pasar por el filtro selectivo de formación de la universidad toledana desaparecida en 1845, donde se había graduado y constituido el grupo conservador que controlaba las instituciones capitalinas. Era, pues, un advenedizo a los ojos de la mesocracia local. Para González-Alegre, por el contrario, lo importante no era el lugar de origen ni la formación académica provinciana, sino, y así lo declaró desde su escaño del Congreso, mantener con dignidad la idea de impulsar el progreso, recibida como patrimonio familiar.

Había nacido en Oviedo el 12 de mayo de 1822, en el seno de una familia perteneciente a la burguesía, todos cuyos miembros se comprometerían de manera activa y constante con la revolución liberal a lo largo del siglo XIX. Su padre, José González Alegre, natural de un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid y establecido en la capital asturiana desde 1815, había desarrollado allí una exitosa carrera empresarial, que le llevó a participar de manera destacada en los inicios de la minería y siderurgia del principado, a fundar una entidad bancaria de crédito y a situarse a la cabeza de la Sociedad Económica de Amigos del País ovetense. Llegó a ser Alcalde de la ciudad en 1838 y 1842 y fue elegido Diputado en el Congreso entre 1841 y 1844, además de figurar entre los fundadores del Casino local en 1851 y de una Sociedad de Seguros contra Incendios.

En cuanto a sus hermanos, todos los cuales permanecieron en la ciudad recogiendo el interés paterno por los asuntos públicos, constituyeron allí un influyente núcleo republicano junto con los Álvarez-Buylla , familia con la que estaban unidos merced al matrimonio de una de ellos, Concha, con Placido Álvarez-Buylla , Presidente de la Asociación ovetense de Clases Médicas, uno de cuyos hijos, Adolfo Álvarez-Buylla González-Alegre (1850-1927), catedrático de Economía Política y de Hacienda, promovió algunas de las más significadas iniciativas de reforma social de la Restauración. Un segundo hermano, José, copropietario de la fábrica de fundición La Amistad , de un importante balneario y de la compañía que, entre 1858 y 1860, introdujo el gas para el alumbrado de Oviedo, fundó y dirigió el periódico La Joven Asturias entre 1862 y 1866, fue miembro de la Junta que se puso al frente de la revolución de 1868 en la ciudad, ocupó también un escaño en el Congreso entre 1871 y 1874 y fue designado Gobernador civil de Valladolid en 1873. Promovió asimismo en 1878 la creación de una pionera Escuela de Artes y Oficios y de la primera Caja de Ahorros de Asturias y presidió, como el padre, la Sociedad Económica de Amigos del País. Un tercer hermano, Rafael, fue también alcalde de Oviedo en 1869 y 1872 e impulsó la llegada del agua corriente a la ciudad, además de promover otras importantes entidades societarias.

Esa era la familia de la que Rodrigo González-Alegre se enorgullecía. Por lo que a él interesa, realizó en la Universidad de Oviedo los primeros estudios, completados después en Francia, donde permaneció algún tiempo. A Toledo debió de llegar poco después del establecimiento de la Academia General Militar, sobre 1847, acaso en razón de atender negocios familiares. La decisión de permanecer en la ciudad sería consecuencia del matrimonio con Mamerta Fanjul Coello , hija de Diego Nicolás Fanjul , uno de sus mayores contribuyentes y alcalde en 1836 y 1848, igualmente originario de Asturias.

Establecido en Toledo, sus ocupaciones comerciales obtendrían un éxito aceptable, aunque discreto. De hecho, nunca figuró en las listas de mayores contribuyentes. No tardó, por otra parte, en incorporarse a los círculos progresistas de la burguesía urbana para intervenir en asuntos municipales, lo que le llevó a ser elegido concejal a fines de 1853. Tomaría posesión del cargo el primero de enero de 1854, integrándose de inmediato en las comisiones municipales de hacienda, policía urbana, fomento y gobierno interior y teatros, así como en la instituida para presentar propuestas de reforma del cementerio.

Muy pronto destacaría por sus repetidas iniciativas, bien individuales, bien en el seno de una u otra comisión, para impulsar reformas urbanas, preludio de su futura actuación como alcalde. Afectaban tanto al alumbrado y limpieza de calles y paseos o a necesidades de los barrios desfavorecidos como al abastecimiento de aguas o a la administración económica y de los servicios municipales. La relevancia de tal actividad hizo que fuera elegido por unanimidad síndico municipal el 13 de abril y acabó por situarle a la cabeza de los regidores de unas y otras tendencias, como conscientes de que anteponía a sus propias convicciones políticas la defensa de los intereses municipales. Así ocurrió, por ejemplo, al admitir sin reserva el proyecto de ferrocarril de Aranjuez a Toledo presentado por el Director General de Infantería , Fernando Fernández de Córdoba (quien correspondió gestionando en Madrid la aprobación del presupuesto municipal para abordar reformas administrativas), y sancionado por el Gobierno entre febrero y mayo de 1854, aun a sabiendas de que se trataba de una concesión realizada a cencerros tapados en favor de José de Salamanca. Ahora bien, su elección y trayectoria personal iban a verse condicionadas por las singulares circunstancias que caracterizaron, en un plano tanto nacional como local o provincial, el final del Régimen establecido por la Constitución conservadora de 1845.

Por un lado, las principales instituciones de Toledo y provincia funcionaban controladas por una reducida camarilla, encabezada por Manuel María Herreros (1812-1873), de notables ligados a la Iglesia y alineados con las posturas conservadoras del Gobierno y por él apoyados y favorecidos. Interesados casi en exclusiva por el mantenimiento de sus privilegios de casta y de los usos y hábitos sociales conservados por tradición, consideraban la ciudad anclada en el pasado y sin posibilidades de progreso, limitándose a atender la gestión administrativa de los reducidos servicios y bienes municipales y los requerimientos de órganos superiores, fuese el Gobierno a través de los Jefes políticos o la Diputación y la Junta provinciales. Era un mundo burocratizado en extremo, de arrieros y azacanes en vez de motores y turbinas, de patios morunos con oratorio y aljibe bajo toldo, de rebotica y sacristía, insano, carente de autonomía y aún enseñoreado por las ruinas.

En tal contexto, el empeño de González-Alegre para salir del estancamiento secular había de concitar por fuerza, pese a su actitud conciliadora, encontronazos ocasionales, en que siempre recibió el apoyo del resto de concejales, tanto con la Iglesia -a propósito, por ejemplo, de su desatención al barrio de Azucaica- y con funcionarios influyentes -caso del Secretario del Ayuntamiento, José Antonio Hernández, cuya excesiva retribución propuso rebajar-, como con destacados propietarios -entre ellos la marquesa de Malpica, propietaria de la Quinta de Mirabel, que argüía derechos históricos para llevar a su cigarral a costa de la ciudad el agua que fluía de la dehesa de Pozuela-; e incluso con el mismo Alcalde -a quien reprochó el gasto realizado sin consentimiento del Consistorio para agasajar a un Ministro- o con Manuel María de Herreros, entonces Gobernador civil de Ciudad Real -para quejarse de la falta de consideración con que se dirigía al Ayuntamiento por asuntos relacionados con terrenos de los Montes de Toledo (donde Herreros tenía intereses) correspondientes antes al patrimonio urbano de bienes propios-.

El choque definitivo llegaría en paralelo a los acontecimientos que, por otro lado, tuvieron lugar a escala nacional. El comportamiento autoritario del Presidente del Gobierno y Ministro de la Gobernación, Luis José Sartorius (1820-1871) y su apoyo sin escrúpulos a todo tipo de negocios sucios, en particular los que beneficiaban a sus seguidores, conocidos como los «polacos», darían motivo a que el descontento con los gobiernos de la llamada «década moderada» se extendiera hasta incluso el seno mismo del partido en el poder. Sartorius respondió suspendiendo la actividad parlamentaria, pero a últimos del mes de junio, tropas dirigidas por los generales Leopoldo O’Donnell y Domingo Dulce se enfrentaban a las fuerzas gubernamentales en las cercanías de Vicálvaro, marchando luego hacia Andalucía a través de La Mancha y Ciudad Real, donde se les opuso Herreros, destituido como Gobernador nada más triunfar la insurrección. El Gobierno pretendió atajar el levantamiento decretando el estado de sitio y dando a los Gobernadores militares el mando de todo el territorio nacional. Lejos de frenar las protestas, la oposición se aglutinó en torno a las consignas contenidas en el «Manifiesto de Manzanares», redactado por Antonio Cánovas del Castillo , futuro artífice conservador de la Restauración borbónica, y publicado el 7 de julio, que llamaba a constituir Juntas provinciales de Gobierno y a reorganizar la Milicia Nacional, al tiempo que la agitación antigubernamental se extendía por todo el país. Los sucesos posteriores hacen pensar que tanto el llamamiento como la contestación reinante tuvieron eco inmediato en los círculos toledanos.