Los menas consiguen unir a PSOE y PP contra el «discurso del odio» de Vox

Defendiendo la moción presentada por su partido, el presidente del grupo, David Moreno, criticó la política de inmigración «de puertas abiertas del PSOE con apoyo del PP» que «lo único que consigue es incrementar el efecto llamada provocando miles de muertes en el Mediterráneo y priorizando a los inmigrantes ilegales frente a los legales», denunció.

Noticia Relacionada

La Junta lamenta el recorte del 80% en los fondos para la atención a menores inmigrantes no acompañados

ABC

García Torijano: «Acoger sin recursos es vulnerar los derechos de los menores»

Lamentó que, a pesar de las múltiples preguntas formuladas a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano, tanto de forma oral como por escrito, «no contesta absolutamente a nada solo reconoce que tienen los servicios sociales saturados y que las plazas de acogida están al 98%». Pero los castellanomanchegos, prosiguió, «queremos saber las cifras y conocer la realidad de su gestión».

Aseguró que «se enteró por las noticias» de que Castilla-La Mancha acogerá a 320 menores migrantes a partir de agosto y recibirá 4,1 millones de euros del Gobierno central para su acogida. «Queda claro que lo único que le preocupa a García-Page era que vinieran con la factura pagada», sentenció.

En este sentido, Moreno lamentó que según el CIS, la inmigración ilegal es la principal preocupación de los españoles y «no es para menos» porque en el Congreso de los Diputados, «tanto PSOE como PP, votaron a favor de legalizar a 500.000 migrantes ilegales». «Ustedes les premian por incumplir las normas y en España, desde que gobierna Pedro Sánchez las cifras de inmigrantes ilegales se han incrementado en porcentajes desorbitantes».

Según Moreno, las políticas de inmigración socialista «priorizan a los inmigrantes ilegales no solo por delante de los españoles sino también por delante de los extranjeros honrados y legales, porque les dan más derechos y ninguna obligación». Por ello, insistió en que para terminar con las políticas de 'efecto llamada' hay que deportar a todos aquellos que «vulneran nuestra ley, no se integran y hacen de la delincuencia su modo de vida».

Sus palabras consiguieron que la consejera de Bienestar Social que seguía el pleno desde su escaño interviniera, aunque reconoció «que no pensaba hacerlo», pero «no puedo tolerar estos discursos de odio y xenofobia que vulneran los derechos humanos. Vivimos un gran drama y a mí me preocupa mucho», afirmó.

En este sentido, quiso dejar claro que «Castilla la Mancha es una tierra acogedora y solidaria, le pese a quien le pese y vamos a buscar soluciones para estar cerca de la gente más vulnerable pero para eso hay que tener política de altura» y que los inmigrantes son «una mano de obra necesaria» en sectores clave como el campo o el cuidado de nuestros mayores.

En la búsqueda de esas alternativas, indicó que hace falta que el Gobierno de España ponga financiación encima de la mesa para que los niños y niñas que vengan tengan las mismas oportunidades que los que ya están acogidos. Porque nosotros sí defendemos los derechos humanos»

El diputado del Partido Popular, José Martín-Buro, afirmó que la moción presentada por Vox es «un batiburrillo de medidas que no tienen cabida ni competencia en estas Cortes» y el Partido Popular «no va a caer en un populismo que lejos de solventar la situación lo agrava», defendió.

Tras criticar que la llegada de menas es «un síntoma del fracaso» de la política migratoria del gobierno socialista, Martín-Buro hizo 'un Carolina Agudo' para referirse a las informaciones que está publicando ABC sobre adjudicaciones de contratos del Gobierno de Page a una empresa investigada por el caso Ábalos. Unas declaraciones por las que la vicepresidenta de las Cortes, Josefina Navarrete, le llamó al orden para que se «ciñera al orden del día».

Por su parte, el diputado socialista, José Antonio Contreras, reconoció que Martín-Buro «no estuvo a la altura» de Agudo en su intervención e insistió que desde el PSOE «defenderemos siempre una política migratoria que sea ordenada, legal y que garantice los derechos y deberes de todos».