Luz verde al decreto para aprobar el nuevo reglamento del sector del taxi

Ha costado lo suyo, ya que desde que el 15 de noviembre de 2016 el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomara en consideración el texto consensuado con el sector y una vez que el Consejo Consultivo diera su visto bueno, el lunes fue aprobado finalmente. Un decreto, cuyo contenido fue detallado pormenorizadamente este miércoles por el portavoz de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, quien se mostró «orgulloso» de que se haya aprobado con «un alto grado de consenso» por parte de todos los colectivos afectados , tanto de la Federación Regional del Taxi como de los ayuntamientos y las asociaciones de consumidores y usuarios. Algo, señaló, que se ha hecho a través del Consejo Regional de Transportes y el Consejo Regional de Municipios.

«Era un decreto necesario, porque resulta que desde la pasada legislatura el Gobierno de Cospedal no fue capaz siquiera de iniciar el trámite administrativo, a pesar de las reiteradas peticiones por parte del sector y de los profesionales. Y más, teniendo en cuenta de que hasta ahora Castilla-La Mancha era la única comunidad autónoma que no disponía de un reglamento que garantizara una seguridad jurídica tanto para los taxistas como para los usuarios», manifestó Nacho Hernando.

Entre las novedades que incluye este decreto, el portavoz del Gobierno regional citó una larga lista de ventajas para el sector del taxi. Así, destacó que este reglamento no sólo da una mayor seguridad jurídica a los profesionales, sino también soluciones a la calidad del servicio «a la medida de Castilla-La Mancha, es decir, a la gran dispersión geográfica de la comunidad autónoma». Para ello, explicó, plantea áreas territoriales de prestación conjunta y una doble autorización , para transportes urbanos, que conceden los ayuntamientos, e interurbanos, que otorga la Administración regional.

También incorpora las modificaciones pertinentes a la ley original para incrementar el número de plazas a siete con carácter general y a 9 para casos excepcionales en aquellas zonas rurales que no disponen de una adecuada oferta de transporte público colectivo. Además, permite la recogida de viajeros en cualquier municipio, independientemente de donde radique la licencia, así como la recogida de víctimas de violencia de género y sus hijos.

De igual modo, el reglamento regula el procedimiento para la adjudicación de las licencias, los requisitos para dedicarse a la actividad, las características de los vehículos y el régimen tarifario.

«Es un texto consensuado donde hemos incorporado muchas sugerencias recogidas durante un largo proceso para mejorar la prestación del servicio para todos los usuarios, pero gracias al Cermi —Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad— sobre todo a las personas con algún tipo de discapacidad», concluyó Nacho Hernando.