Los traslados a clínicas privadas serán «excepcionales»

Como era de prever, esta propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular f ue rechazada por los diputados del PSOE y de Podemos (17) , con los votos a favor de los 16 parlamentarios del PP . El motivo del voto en contra de socialistas y de los dos miembros del partido morado, más allá de las diferencias de partida entre unos y otros, se fundamentó en recordar que el Gobierno de Cospedal fue el que incrementó «sistemáticamente» las derivaciones sanitarias a clínicas privadas.

Por eso, desde ambas formaciones criticaron la «hipocresía» de los populares en este aspecto, ya que «antes hacían una cosa y ahora son los mayores defensores de la sanidad pública».

En su propuesta de resolución, el PP instaba al Gobierno presidido por Emiliano García-Page a potenciar «de manera real y efectiva» el sistema sanitario público de la región. Para ello, les pedían utilizar los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha , reducir las partidas destinadas a derivaciones a clínicas privadas y destinar esos fondos a la mejora y ampliación de los servicios públicos de salud. Proponían un calendario progresivo y ambicioso de disminución de las partidas presupuestarias a estas derivaciones con el objetivo de reducirlas al final de legislatura en al menos un 50%.

Pero este no fue el único reproche que se hizo ayer relacionado con la actitud de «decir una cosa y hacer la contraria». Así, el portavoz de Podemos en las Cortes, José García Molina, pese a reconocer que las derivaciones se han reducido, avisó al Gobierno de Castilla-La Mancha de que «si no se contrata más personal sanitario, la lista de espera crecerá y esto puede ser la puerta de entrada a nuevas derivaciones a clínicas privadas» . Por eso, advirtió al consejero de Sanidad, Jesús Fernández: «Si esto es así, no se lo vamos a consentir y, por eso, esperamos sus explicaciones».

La hoja de ruta propuesta por García Molina para acabar con las derivaciones sanitarias a clínicas privadas es el pacto por la sanidad pública toledana que firmaron hace un año, a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, todos los partidos políticos y organizaciones sindicales de la región, a excepción del PP y del Partido Castellano , que no estuvieron presentes y no lo firmaron.

En el debate salieron también a la luz los numerosos convenios existentes, tanto con el anterior gobierno como con el actual, con clínicas privadas de Madrid, Ávila, Valencia, Alicante, Jaén o Murcia, a las que se derivan determinados servicios sanitarios. Así, el portavoz del PP en materia de sanidad, Carlos Velázquez, afirmó que el Gobierno actual de Castilla-La Mancha «está batiendo récords» y enumeró una serie de centros a los que se sigue trasladando a pacientes castellano-manchegos. «Por culpa de Page no pueden dormir tranquilos muchos miles de ciudadanos del norte de Toledo y de Guadalajara , pero gracias a él los propietarios de las clínicas privadas deben dormir muy tranquilos», manifestó. También García Molina puso como ejemplo los casos de Valdepeñas, donde, según informó, las personas que precisan una resonancia magnética son trasladadas a Jaén.

Sin embargo, el consejero de Sanidad negó el caso de Valdepeñas expuesto por Podemos y aclaró que las derivaciones a clínicas privadas responden ahora a un criterio de «excepcionalidad». A su juicio, estas actuaciones «deben ser una herramienta complementaria que utilizan los sistemas públicos de salud cuando el sistema no absorbe o no es capaz de responder con determinados medios a la demanda, y no pueden ser un instrumento que se utiliza de forma discrecional y de forma incluso prioritaria ». Por eso, quiso recordar que con el Gobierno anterior, presidido por María Dolores de Cospedal, «se derivaba mucho, demasiado, y además se derivaba mal».

El consejero aprovechó su intervención en el pleno parlamentario para anunciar que el Consejo de Gobierno ha aprobado que se haga un informe trimestral sobre el funcionamiento de cada gerencia sanitaria de Castilla-La Mancha. Y, respondiendo a una pregunta oral de la diputada popular Ana Guarinos, anunció también que la comisión de seguimiento del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid se reunirá el próximo lunes. La presidenta del PP en las Cortes denunció que el derecho a la sanidad en la región ha recibido «el certificado de defunción» por parte del actual Gobierno regional.