Preocupante aumento de los delitos sexuales contra menores

En concreto, el año pasado hubo 711 delitos de este tipo en Castilla-La Mancha, 104 más que el año anterior . Entre ellos, 218 delitos fueron de agresión sexual y violación (un 36% más). Mientras, los de abuso sexual se cifraron en 266 (un 25% más), los de acoso sexual en 36 (un 16% más), los de exhibicionismo y provocación sexual en 25 (un 25% más), los de prostitución en 10 (un 64% menos), los de pornografía infantil en 17 (un 60% menos) y los de corrupción de menores en 23 (un 122% menos). Además, los delitos en los que se vieron envueltas víctimas menores de 16 años fueron 116 (un 36% más). No hubo, eso sí, delitos que afectaran a menores de entre 16 y 18 años.

El fiscal general destacó la creación de la figura del delegado autonómico en materia de violencia de género, que ha supuesto un «reforzamiento» de la actividad especializada. Su labor es la coordinación y sirve de enlace con los órganos superiores de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, uno de los datos que más llaman la atención de la Memoria Anual de la Fiscalía es el incremento de los homicidios dolosos y asesinatos en Castilla-La Mancha, «muy por encima» de la media del último quinquenio. Por ejemplo, se ha pasado de los 38 del año 2017 a los 49 del año pasado. De ellos, 11 tuvieron lugar en la provincia de Albacete, 11 en Ciudad Real, siete en Cuenca, cuatro en Guadalajara y 16 en Toledo. Además, los homicidios por imprudencia también aumentaron, pasando de 33 en 2017 a los 40 el pasado año. Mientras, los de asistencia o incitación al suicidio, apenas dos, se mantuvieron.

Por otra parte, el fiscal superior explicó que el 2018 fue un año de «estancamiento» en las plantillas, una situación que «se arrastra de años anteriores», aunque es verdad que hubo «avances importantes» en infraestructuras, especialmente en Guadalajara, Albacete y Toledo. Asimismo, el 2018 fue otro curso «de transición del trabajo en papel al trabajo digital», algo que ha incrementado la carga de trabajo.

Por último, Martínez se refirió a los problemas que ha ocasionado a los fiscales la vigencia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca un máximo de seis meses para la instrucción temporal de los procesos, lo que ha supuesto un «esfuerzo notable» para acelerar los procesos.