La Junta destaca que la Ley de Despoblación de Castilla La Mancha está alineada con los ODS

Así lo ha asegurado Jesús Alique , comisionado del Reto Demográfico en la región, durante su intervención en la presentación de la ‘ Estrategia de Agenda 2030 ’ regional que se ha desarrollado esta semana en Albacete.

Una cita en la que Alique ha detallado los aspectos principales de la norma, pionera en nuestro país, y en la que se incorpora, «por primera vez la fiscalidad en la lucha contra la despoblación y garantiza los servicios públicos -sanidad, educación, servicios sociales y transporte- a la ciudadanía que vive en zonas afectadas por la pérdida demográfica», ha dicho durante su intervención.

El comisionado del Reto Demográfico ha avanzado que la Ley, que fue aprobada por consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 6 de mayo, ha despertado el interés de otras comunidades autónomas: «Nos están pidiendo información para conocer el texto en profundidad».

Un texto que incorpora conceptos novedosos entre los que ha ejemplificado que se establece la obligatoriedad de que las futuras leyes, reglamentos, programas y estrategias que realice el Ejecutivo castellanomanchego desde ahora han de incorporar un informe de impacto demográfico «que analice los posibles efectos que puedan tener sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar contra la despoblación».

En este sentido, Alique ha señalado que una de las grandes líneas de la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha es su transversalidad ya que afecta a la totalidad de las áreas de trabajo del Ejecutivo regional con el objetivo de eliminar las brechas de desigualdad que supone la despoblación.

Esta misma semana el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha presentado la ‘Estrategia regional de la Agenda 2030’, aprobada en el Consejo de Gobierno. Un documento que supone el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la sostenibilidad en sus tres vertientes, económica, social y medioambiental, y en el que se trabajará para ir de la mano con las entidades locales y resto de la sociedad.

Un documento que nace del consenso y se culmina tras más de un año de debate y cuatro procesos de participación y que supone la máxima expresión del compromiso político y social de Castilla-La Mancha con el desarrollo sostenible, como parte del nacional y el del resto de países miembros de Naciones Unidas cuando aprobaron esta Agenda para el horizonte temporal del año 2030.