Derrochamos recursos escasos

Hay quien imagina mala fe en la gestión de dineros públicos, que se orientan a otras finalidades, como alimentar bolsillos de corruptos que pueden librarse si sus asuntos tienen fechas de caducidad. Todo el entramado destinado a proporcionar empleo permite dejar vivir a una legión de personas tramitando papeles, conocedores de que pocos logran trabajar. Los cursos de formación, en determinados casos, poco resultado darán cuando no bajan las listas del paro y cada vez hay menos obreros cualificados. Lo saben bien quienes están buscando oficiales, conductores y otros expertos que han desaparecido. Para la construcción sólo hay peones. Habría que ir pensando en formar expertos para esos objetivos y no permitir que ganen dinero unos cuantos, que pueden estar haciendo trampas.

Una empresa privada tiene que cerrar o cambiar de actividad cuando las cuentas no salen. En las distintas administraciones, que conocen la ruina de muchos de sus servicios, ignoran el problema porque no quieren cerrar; siempre hay dinero en las arcas públicas, y, si no, se pide donde haya, aunque se mermen otras necesidades. Algunos empresarios ahorran dinero facilitando cursos que no hacen más que gastar recursos escasos.

Las reformas legales en materia criminal tienen por objetivo mejorar la maquinaria penal y acelerar trámites para dar respuesta eficiente y eficaz frente al delito, porque se busca que los ciudadanos sean más libres y vivan en paz.

Cuando ese objetivo no se cumple, deberíamos ser capaces de cambiar los instrumentos que no sirven y ahorrar recursos que se están desaprovechando. Los juicios inmediatos se inventaron para ganar velocidad y luchar contra el delito con mayor eficacia. No hay que ser un experto para reconocer que la experiencia ha sido inocua. Hemos cargado de trabajo a mucha gente para que los delincuentes habituales sigan sobreviviendo sin ninguna merma.

Las penas son absurdamente inapreciables para quienes se dedican al delito como medio de vida. La mayoría de las veces supone más inconvenientes para quienes padecen las infracciones que para los autores, que ni acuden, porque sienten cierta impunidad. Vamos a condenar de verdad a los delincuentes. El colmo lo determina esas reclamaciones judiciales con fecha de caducidad.