El corazón de la democracia

En la exposición de motivos se explica con claridad que la actividad pública exige instituciones limpias, con controles democráticos, transparentes, integras, y responsables que afiancen el Estado de Derecho y la igualdad de todos ante la Justicia. No es casual que esta iniciativa parlamentaria exija la especial protección de los denunciantes y, en especial, si son funcionarios. Atajar la corrupción no requiere más que voluntad política.

El primero objetivo de tan ambiciosa normativa es establecer un marcho integral para prevenir, reaccionar y castigar la corrupción, para acabar con la impunidad de los corruptos (y corruptores) y para proteger a los denunciantes y su derecho a la confidencialidad. A tal efecto se creara una Autoridad Independiente de Integridad Pública (AIIP) que sustituya a la Oficina de Conflictos de Intereses de los Altos Cargos y que fijará todas sus incompatibilidades.

Esta Institución –una especie de Defensor del Ciudadano-contribuyente- vigiará estrechamente a todos los cargos electos en el ámbito estatal, autonómico y municipal. En consecuencia, todos ellos perderían su condición si el juez abriera juicio oral por presunto delito. La singularidad der la actividad política requiere, además, la exigencia de responsabilidad política y ejemplaridad pública.

Siguiendo esta filosofía, Ciudadanos pretende que no puedan ser nombrados para desempeñar altos cargos quienes se encuentren encausados judicialmente o condenados por delitos de corrupción. Y, asimismo, quienes fueran procesados, deberán ser destituidos fulminantemente. La honorabilidad de los servidores públicos no puede quedar en entredicho.

La normativa impulsada por Albert Rivera, que hoy la defenderá ante el Pleno de la Cámara Baja, va mucho más allá: pretende modificar otras leyes en vigor como la de Transparencia y de Buen Gobierno para acceder a las agendas de ministros y altos cargos evitando que los concursos públicos se adjudiquen sin publicidad. La corrupción terminará cuando se sepa adónde va a parar cada euro del contribuyente. La ampliación de la transparencia se extenderá automáticamente a fundaciones, sindicatos, patronales y partidos políticos. Se endurecen en el Código Penal las penas por infracción en el ejercicio de sus funciones; se les prohíbe tener cuentas en paraísos fiscales y se regulan los lobbies, creando un Registro Públicos de lobistas en el que se deberán inscribir todas las organizaciones que quieran desarrollar esa actividad frente a las administraciones públicas.

No es menos importante las atribuciones que se atribuirán a la AIIP y a su comité Directivo -nombrado por 3/5 del Congreso- que podrá recabar información a la Agencia Tributaria sino que también la norma modifica el Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, por el que tendrán que responder autoridades y funcionarios, que sin razón jurídica experimenten un incremento en su patrimonio y cuyo origen no puedan acreditar. No más Bárcenas. No más Pujoles. Seguidamente se establece la responsabilidad civil subsidiaria de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometidos sus gestores y sus cargos orgánicos.

Finalmente, la iniciativa de Ciudadadanos resucita a los secretarios e interventores de la Administración, como garantes de las cuentas públicas y prohíbe los indultos de corrupción con el fin de impedir que el poder político tenga capacidad discrecional para autoabsolverse por delitos relacionados con con la financiación ilegal de partidos políticos, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra la Administración Pública.

Al caer la tarde conoceremos el nivel del Pacto PP-C´s; la “moralidad” del PSOE, la inmoralidad de los nacionalistas y la indiferencia de Podemos y sus Mareas . Esta proposición de ley es el mejor termómetro para conocer si somos capaces de aprobar (o no) la asignatura pendiente de la decencia; la corrupción es nuestro cáncer sistémico, el mayor enemigo para consolidar una democracia de calidad; esta futura ley integral contra la corrupción sería el mejor aliado de la competitividad y el mejor antídoto contra el paro. Una ley que no necesita respaldo presupuestario. Solo voluntad política. Todos contra corruptores y corruptos.