Dos años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla La Mancha por ocultar pérdidas «galopantes»

El magistrado considera que los dos condenados conocían en 2008, el año epicentro de la crisis financiera, la difícil situación económica que sufría la entidad financiera, como quedó claro en algunas reuniones del consejo de administración, del que formaban parte. El juez explica que Moltó y Ortega taparon o maquillaron unas pérdidas "galopantes" a través de un "ardid contable, en el sentido más propio de engaño, disimulo o artimaña o si se prefiere treta o tergiversación".

Los dos banqueros reflejaron las pérdidas en la partida del patrimonio neto, en lugar de la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, un falseamiento que perjudicó a cualquier tercero que se relacionara con la entidad financiera, como inversores o depositantes.

Ambos realizaron esta treta a pesar de los avisos del Banco de España, que le exigió una serie de requerimientos que se hubieran transformado en 182 millones de pérdidas, en lugar de 30 de beneficios.

El juez explica que, aunque esta contabilidad pueda considerarse adecuada según la ortodoxia, el delito de falsedad pretende proteger a cualquier hombre medio que se relacione con la entidad, cuya actitud hubiera sido diferente de conocer el verdadero estado de la caja.

El expresidente de la caja, un exdiputado socialista que era un poder fáctico en la región, se desligó de la gestión del día a día de la caja y aseguró que desde su presidencia, no ejecutiva, no tomaba decisiones. Para ilustrar su papel, se definió como "un animador socio cultural". Se encargaba, según su declaración en la vista, de las relaciones institucionales de la entidad gracias a sus contactos políticos.

La Fiscalía, que también acusaba a los dos banqueros de un delito de administración fraudulenta del que han sido absueltos, consideraba que Moltó y Ortega estaban al tanto de todo y que ocultaron el estado real de la entidad al ignorar los requerimientos solicitados por el supervisor. Al ser condenados a dos años de cárcel, el juez tiene la potestad de enviarles o no a prisión, si no tienen antecedes penales. También han sido condenados a pagar una multa de 29.970 euros cada uno.