El banquillo y la cárcel no frenan la carrera política del alcalde de Castro

Se embarca en un nuevo partido tras una legislatura marcada por las acusaciones de corrupción

ROCÍO FERNÁNDEZ ORTIZ

20/04/2011
Actualizado a las 10:05h.

Ni su paso por la cárcel ni el haberse sentado en el banquillo de los acusados han hecho que el alcalde de Castro Urdiales decida dejar la política. Fernando Muguruza —médico de profesión y diputado en el Parlamento cántabro entre 2003 y 2007— tiene una ... decena de causas judiciales pendientes relacionadas en su mayoría con el urbanismo. Pero seguirá en política y concurrirá a las elecciones de mayo, pero bajo las siglas de un nuevo partido: Alternativa Castreña Independiente (ACAI).

El otrora miembro del Partido Regionalista de Cantabria —el PRC de Revilla— es el número 2 de esta recién creada formación, liderada por el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, que abandonó el PP tras ser acusado de varios delitos. El alcalde tránsfuga y el ex portavoz popular dicen que trabajarán por la transparencia en la gestión del Ayuntamiento, el mismo que gobiernan desde 2003 y que está prácticamente paralizado por el barullo de acusaciones, investigaciones y arrestos por distintas irregularidades en la concesión de licencias y adjudicación de obras. En los últimos cuatro años, conforme decrecía la actividad municipal se intensificaba en los juzgados.

Muguruza, en 2007, fue expulsado del PRC y declarado tránsfuga tras romper en Castro Urdiales el acuerdo entre su partido y el PSOE. Con su paso por la cárcel, se convirtió en el primer alcalde de Cantabria que ingresa en prisión durante el ejercicio del cargo. Fue en febrero de 2010, acusado de destrucción de pruebas, reiteración delictiva y por su supuesta participación en un trama de corrupción para beneficiar a promotores urbanísticos.

El pasado viernes, Muguruza se sentaba por primera vez en el banquillo de los acusados por la adjudicación de las obras del túnel de Mioño a la empresa del hermano de un concejal, algo que ha achacado a un «malentendido».

Además de por prevariación y tráfico de influencias, está acusado de falsedad documental y malversación de fondos en otros casos urbanísticos. Entre ellos, el denominado «Urdicam», en el que hay 32 imputados entre ediles, funcionarios, empresarios y técnicos municipales.

Pese a la suma de irregularidades de las que se le acusan, los partidos políticos han sido incapaces de promover una moción de censura contra el alcalde durante esta legislatura. Y aunque se llegó a plantear la disolución del Ayuntamiento —el tercero en importancia de Cantabria— finalmente no se llevó a la práctica este extremo, que solo se ha adoptado una vez en España, en 2007 en Marbella.