Torres se confiesa satisfecho con el acuerdo sobre solicitantes de asilo y espera que se «avance» en la acogida del resto de menores

En virtud al acuerdo que se va a remitir este viernes al Tribunal Supremo, un total de 827 menores ya están identificados y se suman a la estructura estatal y en principio, la próxima semana unos 250 ya serán acogidos en la isla de Gran Canaria.

El acuerdo recoge también, según Torres, que la financiación de los gastos de atención corresponde al Estado, que se aceptará a cada menor con la documentación indispensable para dar inicio al expediente de asilo en un plazo máximo de cinco días naturales.

En la reunión del 'Pacto Canario por la Inmigración', ha mostrado su deseo de que este viernes, en la Conferencia Sectorial de Infancia, se declare la contingencia migratoria y se «avance» también en la derivación de menores migrantes a otros comunidades autónomas de los más de 5.600 con los que cuenta el archipiélago.

Torres ha admitido que ha sido una situación «no fácil» pero entiende que «lo importante es que aunque pueda haber dificultades en el camino« se llegue a los acuerdos finales y haya un seguimiento para su ejecución.

El ministro ha valorado el esfuerzo de los técnicos y funcionarios de varios ministerios y del propio Gobierno canario y ha dejado claro que algunos menores «se quedarán en Canarias», siguiendo el interés general del menor y también del propio Ejecutivo regional, ya que se quiere evitar un «doble desarraigo».

«Muchos de ellos están escolarizados, están en equipos deportivos, están en actividades sociales y, por tanto, de ahí la respuesta de caso a caso», ha destacado.

Para la correcta ejecución de las posibles derivaciones se ha creado un comité interadministrativo formado por cuatro representantes de cada gobierno que se reunirá todos los martes con el fin de ir analizando perfiles y casos concretos.

En relación a la derivación del resto de menores se hará en virtud de la reforma de la ley de extranjería ha comentado que el retraso no se debe al Gobierno central sino que algunas comunidades han presentado recursos ante el Constitucional o ni siquiera quisieron aprobar el orden del día de la última conferencia sectorial.

No obstante, se ha mostrado convencido de que «ni el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional van a echar abajo la modificación del artículo 35 porque es un artículo que defiende los derechos humanos».