Canarias registra la cifra más alta de conflictividad escolar en 17 años

La etapa de Secundaria concentra el 55% de los casos y los problemas más habituales continúan siendo las dificultades para dar clase, las amenazas y las faltas de respeto. Destaca también el repunte en la etapa de Primaria, donde los incidentes han crecido un 18% respecto al curso anterior.

En este nivel, los conflictos tienen que ver sobre todo con las familias: aumentan las denuncias y acusaciones sin fundamento, las presiones para modificar notas y las agresiones protagonizadas por padres, madres u otros familiares del alumnado.

El coordinador autonómico del 'Defensor del Profesor', Domingo Rodríguez, señala que «estos datos no responden a una realidad generalizada, pero confirman una tendencia preocupante que se está asentando» en el sistema educativo. «Estamos viendo cómo la conflictividad escolar crece año tras año, y cómo estos incidentes son cada vez más complejos y tienen un impacto mayor en el profesorado», subraya.

Más de la mitad de los docentes atendidos presentó síntomas de ansiedad, alrededor del 15% sufrió episodios de depresión y un 26% tuvo que coger la baja médica por problemas relacionados directamente con la conflictividad escolar.

Entre los factores que favorecen este deterioro del clima escolar, el coordinador en Canarias del 'Defensor del Profesor' destaca las ratios elevadas, que dificultan la atención personalizada y la gestión de la convivencia; la sobrecarga burocrática, que resta tiempo al trabajo propiamente educativo y genera un estrés continuo y la escasez de especialistas y personal de apoyo, especialmente de orientación educativa, auxiliares y personal administrativo.

El sindicato considera «imprescindible» seguir reforzando las plantillas docentes y reduciendo las ratios en todas las etapas, así como simplificar la burocracia que pesa sobre el profesorado y mejorar significativamente la dotación de orientadores, auxiliares educativos y personal administrativo en los centros.

ANPE pide también que los problemas de salud mental derivados de la conflictividad escolar sean reconocidos como enfermedades profesionales y que se facilite el acceso a apoyo psicológico y asistencia jurídica de manera más rápida y eficaz.

«Sin mejores condiciones laborales, sin recursos suficientes y sin un apoyo institucional claro, no puede haber convivencia positiva ni una educación de calidad. El profesorado no puede gestionar en soledad situaciones tan graves», sostiene Rodríguez.