Pablo Iglesias rescata a Rosell para el Congreso

En junio de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó no admitir a trámite una querella contra ella presentada por el juez Salvador Alba, que la reemplazó en el juzgado cuando se incorporó como diputada a Podemos, y que la había denunciado por falsedad en documento público, prevaricación y cohecho.

Este juez fue expedientado por el CGPJ en relación a sus denuncias contra Rosell. En 2016, la Comisión Disciplinaria acordó la incoación de un procedimiento contra él por dos faltas graves y una muy grave al entender que habría desarrollado una «investigación indebida» contra la exdiputada.

Por otra parte, la misma Comisión Disciplinaria investigó a Rosell ante la posible comisión de una falta grave por haber colgado en su perfil de Twitter una fotografía de un atestado policial, conducta para la que Fiscalía y el promotor de la acción disciplinaria solicitaban un mes de suspensión. El procedimiento se archivó porque no concurrían los elementos necesarios para considerarlo una falta de las previstas en la Ley del Poder Judicial.

Rosell siguió por tanto en el juzgado número 8 y a finales del año pasado, su nombre sonó para vocal del Consejo General del Poder Judicial como parte de la lista de Jueces para la Democracia, aunque la negociación se frustró y no llegó a renovarse el órgano de gobierno de los jueces. Ahora, vuelve a la política y de nuevo, con Unidas Podemos.

«En el año 2015 los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa que un juez y un ministro fabricaron. Dimití y les planté cara. Hoy el juez está pendiente de juicio por cinco delitos y el ministro sigue haciendo sus negocios, pero al menos no en coche oficial».