Ley del suelo: una ley para los corruptos

Los mercados intervenidos son el caldo de cultivo de la lacra de la corrupción. Por esta razón, el conjunto de la propuesta legislativa provocará que esta no desaparezca. Concretamente, dos son las figuras presentes en la propuesta legal que harán que los casos de corrupción urbanística no solo no desaparezcan sino que además se multipliquen y que, además, sean más escandalosos: los «proyectos de interés insular o autonómico» y el llamado «agente urbanizador».

Los proyectos de interés insular o autonómico son instrumentos de ordenación territorial que tienen por objeto ordenar y diseñar proyectos de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza cuya incidencia territorial sea relevante. Pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, excepto el de protección ambiental, independientemente a lo que digan los planes urbanísticos aprobados y pueden ser promovidos por los cabildos, la comunidad autónoma o por los privados.

De esta forma, cualquier ciudadano que desee hacer un nuevo cuarto en su casa o un palomar deberá pasar innumerables trámites y cumplir las especificaciones que determinan los planes urbanísticos. Sin embargo, los grandes empresarios que deseen construir un gran hotel o una planta energética únicamente tendrán que hablar con el Gobierno de Canarias o el Gobierno de la isla en la que se quiera actuar para que aprueben su proyecto sin necesidad de cumplir con el resto de regulaciones que cumplen el resto de los administrados.

Esta figura de planeamiento, que favorece a los cortesanos próximos al poder , servirá para que la corrupción campe a sus anchas por los despachos públicos.

La situación pasa a ser aun peor si observamos que el anteproyecto de ley sigue manteniendo la corrupta figura del agente urbanizador. Esta figura, que ha sido denunciada en Estrasburgo por atentar contra la propiedad privada , ha servido para dar cobertura a multitud de corruptos en los últimos 20 años.

El modus operandi consiste en que si usted quiere realizar una urbanización en un sector de suelo que la planificación urbana haya previsto como transformable no necesita comprar el suelo ni contar con la propiedad. Puede presentar el proyecto, que la administración pública lo apruebe, construirlo y, por último, pasarle la factura al propietario. Si este se negara a pagarle, por algo que, además, no le encargó, usted podría expropiarle de forma privada sus terrenos.

Por esta razón, solo necesita un buen amigo en el gobierno municipal o sobornar a algún alcalde o concejal para forrarse a costa de los demás. Esta figura, que nada tiene que ver con las prácticas que se darían en un entorno de libre mercado, es la más vergonzosa de todo nuestro ordenamiento jurídico urbanístico.

Si combinamos los proyectos de interés insular o autonómico con el agente urbanizador nos daremos cuanta que la propuesta de ley es una coctelera de corrupción en potencia. Con la aprobación de este dañino anteproyecto, cualquiera que disponga de los medios y los contactos necesarios y que esté dispuesto a corromperse podrá promover la construcción de un hotel con un proyecto de interés insular o autonómico sin necesidad de tener que comprar los suelos que necesita para llevarlo a cabo.

Por esta razón, pareciera que esta ley, en vez de solucionar los problemas existentes, los acentúa y que está hecha para que los políticos y empresarios corruptos puedan campar a sus anchas por el sistema a costa de los demás. Esperemos que el Gobierno de Canarias reflexione y no tramite ni apruebe semejante dislate.