Apostaba el salario de sus trabajadores a las tragaperras

Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas , con los administradores de las empresas como principales testaferros, además de familiares. Contra ellos se les imputan delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y Frustración de la Ejecución.

Entre las empresas que han sido investigadas hay una dedicada a la restauración que se encontraba en boga en la isla de La Palma, en la que su responsable apostaba los salarios de los empleados en distintos juegos de azar , lo que repercutía a los trabajadores al deberles varias mensualidades creando una situación de precariedad.

Uno de los trabajadores manifestó que, en alguna ocasión, recibió su sueldo en boletos de juegos premiados y en las ganancias obtenidas por el administrador en las máquinas tragaperras.

También ha sido investigada la actividad de una Sociedad Cooperativa dedicada a espectáculos musicales , que cuando se vio asolada por la deuda contraída con la Seguridad Social, traspasó la actividad y los trabajadores a una empresa unipersonal para escapar de los embargos.

También hay en la lista negocios del sector de la construcción de Las Palmas con una importante deuda a la Seguridad Social en cuatro investigaciones. Se trata de empresas de construcción, reformas y transporte de materiales, que aglutinaron una deuda superior a 1,5 millones de euros. Se valían de sociedades y personas físicas interpuestas, a fin de engañar a la Seguridad Social y evitar el cobro de la deuda.

Entre ellas se ha encontrado a un constructor, reincidente en esta tipología delictiva y a otro empresario que se valía de la constitución de sociedades sin actividad, ni trabajadores, para optar y ganar diversos concursos públicos.

Otra de las investigaciones, descubrió la operativa utilizada por un empresario británico , quien desviaba los beneficios obtenidos por las sociedades en España a cuentas ubicadas tanto en el Reino Unido y paraísos fiscales.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2021, tras recibir escrito-denuncia por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas en el que se daba cuenta de irregularidades en varias empresas ubicadas en la provincia, en las que los empresarios no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, para así incrementar el margen de beneficios.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que, en todos los casos, se ocultaban los bienes para evitar pagar la deuda, mientras en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero .