Bolaños se exculpa y carga a Robles la responsabilidad por los pinchazos

«Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, las vicepresidentas y los ministros están configurados de acuerdo con las recomendaciones de seguridad que establece el Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI) para el correcto desempeño de sus funciones», señala la respuesta remitida por La Moncloa el pasado 22 de junio al portavoz de Seguridad Nacional del Grupo Popular, Juan Antonio Callejas, a la que ha tenido acceso ABC.

Hace tan solo dos meses, cuando estalló el caso Pegasus y el propio Bolaños aireó el espionaje sufrido por Sánchez, la versión oficial de La Moncloa era que la seguridad del terminal del presidente era una responsabilidad compartida entre Presidencia y el Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI y éste a su vez del Defensa). Pero hace menos de dos años -cuando aún no se conocían los pinchazos con Pegasus- lo que mantenía La Moncloa era que esa protección correspondía a Presidencia. Y en concreto al departamento que dirigía Bolaños en ese momento y también cuando se produjeron las escuchas. «Se informa de que la seguridad integral (física o comunicaciones, entre otras) del presidente del Gobierno depende del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, tanto en el Complejo de la Moncloa como en cualquiera de sus desplazamientos». Esta fue la contestación de La Moncloa en septiembre de 2020 a la anterior portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, cuando fue preguntada por este asunto.

Las respuestas escritas a los diputados son remitidas por la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del ministerio de Bolaños. Es, por tanto, la tercera versión que ofrece Presidencia sobre quién tiene la responsabilidad del móvil de Sánchez. Estos cambios de discurso tienen, además, la peculiaridad de producirse a partir de que Bolaños ha comenzado a dirigir esta cartera y siempre en el sentido de ir diluyendo su responsabilidad. La evolución ha sido gradual, pasando de asumir toda la responsabilidad, a solo parte de ella (proporcionar el terminal), y ahora ninguna.

Esta tercera versión se produce, además, después de que Bolaños fuera llamado a declarar por el juez que investiga el espionaje al Gobierno en la Audiencia Nacional. El ministro fue citado el pasado 5 de julio pero argumentó imposibilidad para asistir al tener que acudir al Consejo de Ministros, y pidió declarar por escrito. El juez le propuso que diera su testimonio por videoconferencia pero Bolaños dejó que se agotara el plazo sin dar contestación. Finalmente, responderá a las preguntas de forma escrita. La Fiscalía y la Abogacía del Estado remitirán esta semana al juez las preguntas que quieren trasladar al ministro.

De momento, ya han declarado ante el juez como testigos la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y otro miembro de este centro, y se ha acreditado que los teléfonos de Sánz, Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron pinchados con Pegasus en mayo de 2021, en plena crisis con Marruecos por el caso Ghali y el asalto masivo de inmigrantes a la valla de Ceuta. El terminal del titular de Agricultura, Luis Planas, sufrió un ataque pero sin éxito.

La citación judicial recibida por el ministro es, según la oposición, la prueba de que él era el responsable de la seguridad del teléfono móvil de Sánchez cuando se produjeron los pinchazos. La Moncloa lo niega y sostiene que la cita obedece simplemente a que fue Bolaños el que denunció ante la Audiencia Nacional el espionaje.

Además de cambiar de versión, La Moncloa ha optado por no ofrecer información sobre este caso a la oposición conservadora y, en concreto, al PP. Así, junto a la citada respuesta remitida a Callejas, Presidencia envió cinco contestaciones a la número dos del PP, Cuca Gamarra, todas ellas iguales, en las que remitía a comparecencias de Sánchez y Robles para no contestar a ninguna de las cuestiones formuladas. La dirigente popular había pedido saber por qué el Gobierno «ha mentido de forma reiterada sobre la responsabilidad en la seguridad de esos teléfonos móviles», si existen informes sobre el supuesto espionaje a los teléfonos de miembros del Gobierno y qué organos los han emitido, si el teléfono de Sánchez espiado era el oficial o el personal, si existe algún protocolo para el mantenimiento y la revisión de la seguridad de los terminales de los altos cargos o por qué el Gobierno «no aclara si realmente» la seguridad de España está comprometida. «El Gobierno se remite a la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el pleno de la Cámara», fue la réplica de La Moncloa, indicando el link a la página web del Congreso donde se encuentra publicada la intervención que Sánchez realizó ante el hemiciclo el pasado 26 de mayo, y en la que no contestó a ninguna de las citadas cuestiones.

Desde el principio del caso, Bolaños ha intentado sacudirse la responsabilidad por el espionaje al móvil del presidente. Por un lado, logrando la destitución de la exdirectora del CNI con la coartada de que permitiría encauzar la relación con ERC, que pedía su cabeza. Por otro, asegurando que Presidencia no marca los protocolos de seguridad. Pero hasta el momento no había llegado a cargar toda la responsabilidad de forma pública, directa y por escrito a Defensa.