El PP salva por segunda vez al presidente del Parlament y cuestiona la autoridad moral del PSOE para exigir «lo que no aplica a sí mismo»

El portavoz popular, Sebastià Sagreras, ha defendido la negativa de su grupo al considerar que aplicar una suspensión como la que proponían los partidos de izquierda en la oposición supondría «banalizar» una herramienta que, en su opinión, afecta directamente a la representación democrática. «Significaría alterar la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas, pasando de 59 a 58 diputados», ha argumentado.

Con esta decisión, el PP salva por segunda vez a Le Senne, después de que en septiembre del pasado año se abstuviera en el debate sobre su remoción, evitando también entonces cualquier acción contra el presidente de la Cámara.

Le Senne, que este jueves se encuentra en una visita a las Cortes de Aragón, ha asegurado que sigue «a disposición de lo que decida la mayoría parlamentaria». Está tranquilo y centrado en sus responsabilidades, aseguran fuentes de su entorno a ABC.

El PP toma la decisión de mantener a Le Senne, tras alertar del peligro de sentar un precedente que permita a una mayoría parlamentaria retirar derechos a diputados en minoría. «Sería un precedente muy peligroso», ha advertido.

El portavoz popular ha cuestionado la autoridad moral del PSOE para pedir la suspensión de Le Senne. «El PSOE exige a sus adversarios lo que no aplica a sí mismo», ha reprochado, mencionando el mantenimiento del fiscal general del Estado o el caso de la dirigente socialista en Extremadura, que fue aforada tras asumir un escaño en el Senado.

Sagreras también ha cargado contra la diputada socialista Patricia Gómez y la expresidenta del Gobierno, Francina Armengol, a quienes ha acusado de «mentir» durante su comparecencia en comisión por la compra de mascarillas fraudulentas a la trama de Koldo.

Por último, ha puesto en duda la solidez del proceso judicial abierto contra Le Senne, recordando que la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso. «Respetamos el procedimiento judicial y pedimos rebajar la tensión en esta Cámara. En estos meses, quienes han generado crispación no han sido precisamente Le Senne, sino otros miembros de la Mesa», ha sentenciado, apuntando a la vicepresidenta segunda, la socialista Mercedes Garrido.

Gabriel Le Senne será juzgado por la Audiencia Provincial de Palma como supuesto autor de un delito de odio por romper una fotografía de una víctima republicana durante un pleno.

La portavoz de Vox en el Parlamento balear, Manuela Cañadas, ha expresado este jueves su satisfacción por el voto en contra del PP en la Comisión del Estatuto del Diputado. Cañadas ha agradecido el respaldo del Partido Popular y ha afirmado que los populares «están aprendiendo de Vox a plantar cara en la batalla cultural» y «a perder el miedo a la izquierda».

Tras la reunión, Cañadas ha calificado de «comedia» el intento de suspensión y ha desvinculado el apoyo al presidente del Parlament de las negociaciones presupuestarias entre PP y Vox. «El PP es un partido constitucionalista que cree en la presunción de inocencia», ha subrayado.

Desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar. El diputado del PSIB-PSOE, Carles Bona, ha acusado al PP de «proteger a la extrema derecha» y de «mirar hacia otro lado» ante un caso que considera grave. «El Parlamento no puede ser cómplice del odio del que tendrá que responder Le Senne, ni del que impregna los acuerdos entre PP y Vox», ha afirmado. Para Bona, la presidencia de la Cámara «no puede sostenerse sobre una indignidad».

En la misma línea, Ferran Rosa, portavoz adjunto de Més per Mallorca, ha defendido que Le Senne debe abandonar su cargo, no solo por la apertura del juicio oral por presunto delito de odio, sino «por haber ejercido violencia en el ejercicio de sus funciones», en referencia al episodio relacionado con las fotografías de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. Rosa ha lamentado que el PP «haya priorizado mantener el poder, aprobar los presupuestos y sacar adelante decretos urbanísticos por encima de la dignidad institucional».

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha señalado que Le Senne no es un diputado más, sino que representa a toda la Cámara. «Cuando se siente en el banquillo como presidente del Parlament, también nos estará representando a nosotros», ha advertido. Gómez ha acusado al PP de actuar pensando únicamente «en mantener el trono de Marga Prohens» y ha insistido en que el comportamiento de Le Senne lo descalifica para seguir siendo la segunda autoridad institucional de Baleares.

Los hechos ocurrieron hace un año, el 18 de junio de 2024, cuando la diputada socialista Mercedes Garrido se negó a retirar la fotografía de las Rojas del Molinar que lucía pegada en la tapa de su ordenador durante un tenso debate en el que se abordaba precisamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

El presidente de la Cámara expulsó posteriormente a Garrido y a la diputada Pilar Costa, ambas miembros de la Mesa, después de darles la oportunidad de cambiarse de ropa o de ocupar algunos de los escaños si querían seguir luciendo las prendas. El criterio de Le Senne es que vulneraban la neutralidad de la Mesa, no así las camisetas que lucían casi la totalidad de diputados socialistas desde sus escaños.

Le Senne, que pidió perdón públicamente, declaró el pasado mes de septiembre ante un juez por estos hechos, y sostuvo que su actuación estaba enmarcada dentro de la intención de dirigir el debate y de mantener el orden y el decoro del parlamento, pero «no quería humillar o menospreciar a nadie».

Cuatro entidades memorialistas y partidos políticos presentaron acusaciones populares, solicitando penas que van desde 16 hasta 48 meses de prisión, además de multas e inhabilitaciones. Denunciaron que la actuación de Le Senne constituía un claro acto de odio y desprecio hacia la memoria de las víctimas.

A principios de este mes de junio, la Audiencia Provincial de Baleares dictó un auto rechazando el recurso de apelación presentado por la defensa de Le Senne, al que se adhirió la Fiscalía, solicitando el archivo de la causa. El Tribunal respaldó el auto del juez instructor, que acordó la apertura de juicio oral por los hechos ocurridos durante un pleno hace casi un año.