Carta al Gobierno de Sánchez: Baleares pide activar la contingencia migratoria para frenar el reparto de menores

Con esta carta, Baleares pide auxilio y se erige como el primer territorio que planta cara frontalmente a Sánchez por el reparto de menores migrantes.

La misiva, remitida por la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, refleja con crudeza la saturación extrema del sistema balear de tutela: 694 menores migrantes no acompañados están bajo protección en las islas frente a una capacidad oficial de 406 plazas. Es decir, más del doble del límite reconocido por el Estado.

«La imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección», advierte Estarellas. Un dardo directo a la estrategia de reparto impuesta por el Ejecutivo central, también dirigido contra el delegado del Gobierno, el socialista Alfonso Rodríguez, que sigue haciendo oposición y negando la magnitud del problema.

La presión migratoria es creciente. Sólo en los ocho primeros meses de 2025 han llegado a Baleares 4.895 personas en situación irregular, entre ellas más de 350 menores. Agosto fue especialmente duro: más de 60 menores desembarcaron en el archipiélago, que ya destina dos de cada tres plazas de tutela a inmigrantes extranjeros no acompañados.

Prohens subraya que su petición de contingencia no busca expulsar responsabilidades ni repartir menores, sino asegurar la dignidad en su atención. «Ya no se dan las condiciones de dignidad», sentenció la presidenta este lunes.

El Govern acompaña esta ofensiva política de una estrategia jurídica sin precedentes. La Abogacía autonómica ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Decreto 658/2025 y prepara otro recurso contra el Real Decreto 743/2025, que regula la capacidad de acogida. Estas impugnaciones se suman al recurso ya admitido a trámite en el Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025. Prohens lo resume con una frase: agotará todas las vías políticas y judiciales para defender el interés superior del menor y la viabilidad del sistema insular.

La carta no es sólo una petición administrativa: es un ultimátum político. Según el Govern, Madrid responde con «protocolos rígidos y falta de diálogo», mientras Baleares soporta un peso desproporcionado que amenaza con convertirse en colapso humanitario.

Mientras tanto, el delegado del Gobierno ha tratado de rebajar la tensión. El socialista Alfonso Rodríguez insistió en que Baleares no cumple los criterios de contingencia, al no triplicar su capacidad como Canarias, Ceuta o Melilla. En la misma línea que Moncloa, defendió el reparto nacional de plazas y relativizó el impacto, llegando a afirmar que los menores «pueden pasar una o dos noches en hoteles si no hay alternativa». También enumeró inversiones y medidas de seguridad estatales.

Las palabras del delegado han encendido aún más al Ejecutivo balear. «Irresponsables e insolidarias», las califican fuentes de la Conselleria. Prohens fue más allá: «El Gobierno reconoce la emergencia para montar hoteles o carpas, pero no para reforzar la seguridad ni para admitir la gravedad del colapso en Baleares». Y lanzó un aviso: «¿Qué están haciendo para que Baleares no llegue a la situación que se vive en Canarias?», se preguntó.

Los datos oficiales confirman la anomalía. Mientras en el conjunto de España las llegadas irregulares descienden, Baleares es la única ruta marítima al alza, con cifras históricas de desembarcos. Pese a ello, el Ejecutivo central insiste en aplicar criterios normativos rígidos que ignoran la realidad insular. La tensión promete escalar en las próximas semanas.