La Audiencia Nacional propone juzgar a Villarejo y a un exsenador del PSOE por un encargo de 500.000 euros

En el auto de procesamiento al que tuvo acceso a ABC, el juez Manuel García Castellón concluye que fue el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín, a quien se referían en las reuniones y en los documentos como 'Curro', la persona que «indujo» al presidente de Persán José Moya a contratar a Cenyt, la empresa del comisario Villarejo. Por estos hechos, Moya, ya fallecido, llegó a estar imputado.

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Isabel Vega

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Todo se remonta al año 2007, cuando Ahorro Corporación, que presta servicios de asesoramiento a grandes empresas, habría recomendado a Persán, presidida por José Moya, invertir en la constructora Martinsa-Fadesa tras su fusión, meses antes de que entrase en concurso de acreedores. «La citada compra de acciones realizada en contrato privado por parte de José Moya fue ocultada por Fernando Martín en concurso de acreedores desde julio de 2008, a la administración concursal, no figurando por lo tanto como acreedor en el procedimiento concursal», reza el auto.

Moya realizó diversas acciones para reclamar el crédito que había pedido pero no tuvo éxito. Por ello, en el verano de 2011, contrató los servicios de Villarejo. «Se estimaba que la estrategia jurídica aplicada al asunto hasta la fecha estaba agotada, siendo preciso un perfil profesional diferente, que se atreviese a acometer acciones agresivas a riesgo de graves consecuencias», explica el auto. «A este objeto se facilitaron numerosos recursos humanos y medios técnicos entre los que se encontrarían dispositivos especialmente aptos para la intervención de las comunicaciones en ambientes hostiles», prosigue.

La finalidad habría sido «la obtención de información comprometida que permitiese una posición de fuerza ante una eventual negociación». Y en este contexto, según el juez, «se ha constatado» que Villarejo accedió a «información reservada, obrante en bases de datos de acceso restringido». Se localizaron listados de tráfico de llamadas del presidente y director general de Ahorro Corporación, Antonio Fernández López y Victoriano López Pinto respectivamente, y de Álvaro Lobato Lavín, abogado de José Moya en el procedimiento concursal de Martinsa–Fadesa.

Es por ello, según la investigación, que habrían ideado tres fases con tres objetivos: recuperar el estatus jurídico del presidente de Persán; disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses; y «cobrar y/o dejar de aparecer como deudor» ante la Confederación Española de Cajas de Ahorros CECA, «en razón a una suma importante de dinero, cifrada en 1000 millones de euros».

Un documento hallado en los registros, afirma el auto, explica que el origen de la deuda es un «préstamo que se realiza en beneficio de Fernando Martín, aunque constando como prestatario «S» José Moya Sanabria, por lo que era él quien debería responder si no se solventaba la situación jurídica vigente en el momento de la contratación».

Por este encargo, Villarejo habría recibido «más de 500.000 euros». No obstante, según las pesquisas, el comisario planteó a Persán dos posibles formas de pago por sus servicios. La primera opción consistía en una cuantía fija de 375 mil euros iniciales a la que había que sumar un porcentaje cuando Persán recuperara su dinero. La otra alternativa, era un abono 1.2 millones de euros, que no sufría modificación alguna en función de los resultados.

De esta manera, tras más de tres años de investigación, el juez considera que hay indicios suficientes como para dejar a un paso del banquillo de los acusados al comisario Villarejo, su socio Rafael Redondo y al que fuera senador socialista entre 2004 y 2008, Francisco Rodríguez Martín. No obstante, acuerda el archivo para el exdirectivo de Persán Raúl Jara Lorenzo.

«Los intervinientes en los delitos se encuentran lo suficientemente acotados como para concluir que el fallecido José Moya, inducido por Francisco Rodríguez Martín, habría contratado al Grupo Cenyt la realización del Proyecto Saving, lo que se habría ejecutado y cobrado por José Manuel Villarejo y Rafael Redondo, sin que sea dable ampliar el campo de sujetos activos de los ilícitos investigados, ante la insuficiencia indiciaria al respecto», razona el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Ahora la Fiscalía tiene diez días para presentar escrito de acusación.

El final de la investigación de esta pieza, la número 25 de casi 50 que acumula ya el caso Tándem, llega en plena cuenta atrás para conocer la primera sentencia del caso, determinante para toda la macrocausa y por la que el comisario Villarejo se enfrenta a 80 años de cárcel.