Puigdemont, a un paso de ser denunciado desde Aragón por desobediencia judicial

Se trata de las 113 piezas de la colección conocida como «bienes de la Franja», que están en el Museo de Lérida, y de las 96 que componen el conocido como tesoro artístico del Monasterio de Sijena (Huesca).

Esas 209 piezas son objeto de un largo contencioso judicial que se ha saldado con reiteradas sentencias en contra de las pretensiones de la Generalitat . Los tribunales se vienen pronunciando desde hace años a favor de la parte aragonesa, a la que reconoce como legítima propietaria de esas colecciones y, por tanto, obliga a las autoridades catalanas a que las devuelvan.

Hasta ahora, los sucesivos gabinetes de la Generalitat se han resistido a esa devolución. Desde mediados del año pasado, la situación se le ha hecho más espinosa al Gobierno catalán, debido a varias tandas de sentencias en su contra. De una parte, las emitidas por el Tribunal Supremo, que declaró nulas las pretensiones de la Generalitat de considerar los «bienes de la Franja» como patrimonio cultural propio de Cataluña. De otra, el proceso abierto en el juzgado número 1 de Huesca , que en primera instancia ha declarado nula la compra-venta del tesoro artístico de Sijena que trabó la Generalitat en los años 90.

La parte aragonesa, representada por el abogado Jorge Español, ha reclamado formalmente que, a raíz de esas sentencias, se obligue a Cataluña a devolver todas esas obras de arte.

Sin embargo, el Ejecutivo de Puigdemont se ha estrenado con un nuevo intento para esquivar los pronunciamientos judiciales. Lo ha hecho mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Generalitat en el que establece que todas esas obras de arte no podrán salir de Cataluña sin un informe de la Junta de Museos de esa Comunidad y sin autorización expresa del Departamento de Cultura del Gobierno catalán. Todo apunta a un intento por «blindar» administrativamente esas obras de arte en contra de las sentencias de los tribunales.

El abogado Jorge Español considera que esta nueva maniobra de la Generalitat es una afrenta y un «desafío en toda regla a todo lo acordado en este asunto por los más altos tribunales del Estado» .

Ha insistido en que, si la Generalitat usa esta maniobra para incumplir los pronunciamientos judiciales, el Gobierno de Puigdemont será denunciado. Incluso ha detallado las acusaciones concretas que se formularán llegado el caso: se les denunciará por un «presunto delito de usurpación de funciones y de desobediencia a la autoridad judicial» .

Para Jorge Español «es obvio» que el acuerdo adoptado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Generalitat «es una acción a la desesperada» para retener esas más de 200 obras de arte aragonesas.