El PSOE promueve en Aragón una «policía» política que irrita al PP

La iniciativa de los socialistas ha generado una agria controversia. Los populares han pedido al Gobierno regional de Javier Lambán que no saque adelante este apartado de la ley y ha anunciado una enmienda de supresión para cuando el texto llegue a las Cortes regionales para su aprobación.

La portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marián Orós , le ha dedicado gruesos calificativos a esta iniciativa del PSOE. Afirma que la futura Agencia de Integridad, tal y como está siendo concebida, estará «a medio camino entre la Stasi de la Alemania del Este y la brigada político social del franquismo» . A su juicio, permitirá al Gobierno de Aragón disponer de «comisarios políticos para perseguir impunemente a sus adversarios, a los funcionarios y a los particulares».

El PP reprocha al PSOE esta iniciativa y le acusa de plegarse a las exigencias de Podemos. Esta futura Ley regional de Integridad y Ética Políticas es consecuencia directa del pacto firmado entre socialistas y Podemos en Aragón, que le garantizó a Lambán contar con los imprescindibles votos de Podemos para convertirse en presidente de la Comuni dad.

Fuentes del PSOE , por su parte, han mostrado su «sorpresa» por la «airada» reacción del PP. Afirman que el objetivo, tanto de la ley como de la agencia que contempla, no es otro que luchar contra la corrupción y velar por la legalidad y la integridad en la Administración.

El anteproyecto de ley establece que esa pretendida Agencia de Integridad estará liderada por un director , nombrado con el voto de tres quintos de las Cortes de Aragón. Contará con tres subdirectores, uno de ellos de «investigación» . Los tres serán nombrados igualmente por las Cortes de Aragón, en este caso por mayoría simple de la Cámara. Además, el director de la Agencia de Integridad podrá nombrar libremente a un máximo de dos asesores . Y este organismo contará con un equipo de empleados públicos en número todavía por determinar.

Al criticar este ente que pretende crear el Gobierno aragonés, el PP ha indicado que supondrá también un sobrecoste «innecesario» . «Ya existen más que suficientes organismos para ejercer funciones como las que se le quieren atribuir a esta Agencia, desde la Fiscalía al Justicia de Aragón, pasando por la Cámara de Cuentas, la Intervención de la Administración autonómica o la Inspección de Servicios».

El anteproyecto de ley prevé que los funcionarios de la Agencia que tengan competencias inspectoras gozarán de la condición de agente de la autoridad. Entre las atribuciones que prevé otorgarles figura la realización de entrevistas —el PP afirma que en la práctica eso supone reconocerles el derecho de realizar «interrogatorios»— o recoger cualquier tipo de documentación en dependencias de la Administración autonómica y de organismos públicos.

Incluso prevé que el personal de la Agencia de Integridad pueda recabar datos de cuentas bancarias tanto de particulares como de funcionarios o cargos públicos, si fuera necesario para investigar en relación con contratos, subvenciones u otro tipo de relaciones de consecuencia económica con la Administración.