La masiva rebelión fiscal de los zaragozanos contra un polémico impuesto del agua

La polémica viene de lejos por un asunto, el de las depuradoras y el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas, que lleva años generando rifirrafes políticos, agrias controversias y malestar a pie de calle. Todo esto en una Comunidad autónoma que dilapida cada año millones de euros de dinero público en depuradoras bajo sospecha , legado del también polémico Instituto Aragonés del Agua que controló durante años el PAR, unas veces en alianza con el PSOE y otras en coalición con el PP.

El ICA tampoco ha sido un impuesto igualitario. A los zaragozanos se les pasó al cobro por vez primera a finales del año pasado. Pero, para entonces, hace años que llevan pagándolo el resto de los aragoneses .

El cobro del ICA en Zaragoza se convirtió también en motivo de enfrentamiento entre el Ayuntamiento de la capital –antes gobernado por el socialista Juan Alberto Belloch y ahora por la órbita de Podemos- y el Gobierno aragonés, actualmente presidido por el socialista Javier Lambán.

Al final, el Ejecutivo autónomo consiguió los datos necesarios para pasar al cobro los recibos en Zaragoza. Pero el ambiente, para entonces, estaba demasiado caldeado y surgió un rechazo ciudadano general . Se saldó en decenas de miles de recursos contra el cobro del ICA, y en una avalancha de recibos devueltos , gran parte de los cuales siguen figurando como impagados.

A estas alturas, más de seis meses después de que el Gobierno aragonés girara los recibos del ICA, la cuarta parte de los zaragozanos sigue sin pagar. De los 358.000 contribuyentes a los que el Ejecutivo regional les pasó al cobro este impuesto, 84.000 siguen negándose a abonarlo. Con los que sí han pagado, el Gobierno aragonés ha obtenido 7,76 millones de euros. Pero esos 84.000 recibos que sigue sin cobrar le deja un «debe» de 2,17 millones de euros .

Cobrar el ICA en Zaragoza se ha convertido en un tortuoso trabajo para la Hacienda aragonesa. Ahora anuncia que, para esos 84.000 «rebeldes» tributarios, va a emprender el proceso de cobro por vía ejecutiva, el que –llegado el caso- puede acabar en órdenes de embargo. Pero el propio Gobierno regional reconoce que ni es un proceso sencillo ni rápido. Y, habida cuenta de la gran cantidad de impagados que acumula, será un trámite laborioso.