La Fiscalía pide procesar a los ex consellers Vila y Puig por el «caso Sijena»

Puig sucedió a Vila en julio de 2016. Ambos ignoraron en cadena las órdenes judiciales que ordenaban a la Generalitat devolver al Monasterio de Sijena (Huesca) 44 obras de arte que se encontraban en el Museo de Lérida . De hecho, los reiterados incumplimientos forzaron a la Justicia a realizar un traslado forzoso que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, con el auxilio de la Guardia Civil, que tuvo que actuar en el museo ilerdense en calidad de policía judicial.

El fiscal jefe de Huesca considera que ese traslado forzoso fue consecuencia directa de las continuas desobediencias de Santi Vila y Lluís Puig, motivo por el que reclama que las diligencias que se abran contra ellos sean vinculadas a los atestados de la Policía Judicial que intevino aquel 11 de diciembre en el Museo de Lérida. Fue una intervención para salvaguardar la seguridad y el orden público durante la incautación y traslado de las obras de arte al Monasterio de Sijena , mientras en la calle tenía lugar una concentración ciudadana de protesta que derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad.

Por eso, la Fiscalía sostiene que Vila y Puig deberán responder por «el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana» a que dieron lugar con sus delitos de desobediencia .

Como las órdenes judiciales que fueron incumplidas habían sido dictadas por el juzgado número 1 de Huesca -el que ordenó el traslado de los bienes de Sijena-, la Fiscalía considera que la causa penal contra Vila y Puig debe seguirse en los juzgados de Huesca. Eso, sin perjuicio de que el caso acabe en manos del Tribunal Supremo, habida cuenta de que Lluís Puig -prófugo junto a Puigdemont- ha obtenido de nuevo acta de diputado en el Paralmento catalán. Por su condición de parlamentario, y dado que el delito que se dilucida fue cometido en términos jurídicos fuera de Cataluña, la causa acabaría en manos del Supremo.

De cualquier forma, la Fiscalía insiste en que «no cabe duda» de que Vila y Puig incurrieron en esos delitos de desboediencia. No solo porque desoyeron de forma reiterada las órdenes judiciales, sino porque eran plenamente conscientes de que lo hacían y de las consecuencias penales a las que se podían enfrentar por ello.

«Los requerimiento spersonales existieron e incluso los apercibimientos de incurrir en responsabilidades penales», dice el fiscal Baratech en el informe que ha tramitado ante los juzgados. No solo les acusa de desobedecer, sino de haber puesto en práctica «una camuflada retórica al servicio del incumplimiento».

Por todo ello, el fiscal pide que se actúe penalmente contra estos dos exconsellers independentistas. Y, para empezar, reclama -entre otros trámites- que se les tome declaración como investigados.

El año pasado ya hubo un conato de acciones penales en este sentido contra Vila y Puig, pero finalmente el caso quedó aparcado. Ahora la Fiscalía reclama que se retome y que se actúe penalmente.