Condenada a 62 años de cárcel la mujer que incendió un geriátrico y mató a nueve ancianos

El tribunal condena a María del Carmen Alejandre a 54 años de prisión por las nueve muertes que provocó , otros seis años por el delito de incendio y un año, diez meses y 15 días por los delitos de lesiones -por las personas que salvaron la vida, pero resultaron heridas de diversa consideración-.

Los hechos se produjeron en la noche del 11 de julio de 2015. La acusada, según ha quedado probado durante el juicio, se irritó al hablar por teléfono con un hijo suyo y decirle éste que se iba a casar y que no la iba a invitar a la celebración. Visiblemente alterada, la emprendió contra sus compañeros de geriátrico, la residencia Santa Fe de Zaragoza . Subió a una habitación desocupada y prendió fuego al colchón de la cama. Luego salió al jardín y se sentó mientras veía cómo las llamas y el humo convertían el edificio en una trampa mortal para los ancianos -muchos de ellos impedidos- que estaban en sus dormitorios.

Durante el juicio se puso de manifiesto en los informes periciales el frío perfil de la acusada, su falta absoluta de empatía , que justificaría la gélida reacción que tuvo ante la tragedia que había provocado.

Además de la pena de prisión, la sentencia condena también a esta mujer a pagar más de medio millón de euros en indemnizaciones , cifra en la que se incluyen 73.000 euros por los daños materiales que ocasionó en el geriátrico.

Como responsables subsidiarios de las indemnizaciones han sido condenados la sociedad anónima a la que pertenecía esta residencia de ancianos y a la aseguradora Fiatc. Además, el tribunal reconoce que también cabe exigir responsabilidad subsidiaria al Gobierno aragonés, por entender que incurrió en dejadez ante las reiteradas anomalías que presentaba ese geriátrico privado y que, pese a ello, no adoptó medidas efectivas de corrección ni ordenó su cierre.

Sin embargo, pese a reconocer que cabe exigirle responsabilidad a la Administración autonómica , la Audiencia de Zaragoza no se pronuncia al respecto en esta sentencia y emplaza a los afectados a que lo exijan en la jurisdicción contencioso-administrativa.