La acusación del ‘caso Gali’ denuncia el uso ilícito de la Abogacía del Estado para defender a un imputado

El caso lo instruye un juzgado de Zaragoza que, tras indagar en lo ocurrido, ve indicios de delito en la actuación del que fue jefe de gabinete de la exministra Arancha González Laya . En concreto, por prevaricación y por vulneración de las leyes de fronteras.

Villarino fue destituido como director de gabinete cuando Arancha González Laya cesó como ministra y fue sustituida por José Manuel Albares , el pasado julio. El equipo de González Laya defendió que Gali no fuera sometido al control de fronteras. Y Camilo Villarino considera que las instrucciones que dio a la cúpula del Ejército del Aire no vulneran «la legislación vigente aplicable». El juez, sin embargo, ha visto indicios de delito, de ahí que abriera la investigación penal hace más de tres meses y que haya llamado a declarar a Villarino como imputado.

La investigación judicial ha destapado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se maniobró para encubrir la llegada de Gali, mantener oculta su entrada en España y su hospitalización en nuestro país con cargo a la Sanidad pública. Las autoridades eligieron para ello el Hospital de Logroño, que depende del Gobierno riojano que preside la socialista Concha Andreu . Hace escasos días, la Policía desveló que Gali salió de España indocumentado, lo que también choca con la versión oficial que dio el Gobierno al saltar el escándalo, cuando dijo que el líder del Polisario portaba pasaporte diplomático.

Cuando se produjo esta furtiva entrada de Gali en España, el líder del Polisario estaba incurso en dos causas penales por graves delitos, entre ellos por genocidio.

Las instrucciones dadas por Villarino se cumplieron: Gali entró sin que se le pidiera la documentación, sin someterlo a control de pasaportes y, por tanto, sin que constara su nombre en los registros de la Base Aérea de Zaragoza . Y, para rematar la ocultación, en el Hospital de Logroño fue internado con identidad falsa . Pero al final acabó trascendiendo la presencia de Gali, el Gobierno de Sánchez quedó en entredicho y el caso desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos.

La semana pasada, el juez de Zaragoza que investiga lo ocurrido, Rafael Lasala , admitió aceptar al abogado del Estado como parte personada en el proceso «en representación y defensa» del imputado Villarino. Ahora, el letrado malagueño que ejerce la acusación popular, Antonio Urdiales , ha presentado un recurso en contra de esa decisión del juez. Le pide que rectifique y que no permita que la Abogacía del Estado asuma la defensa de Villarino, por ilícita, nula de pleno derehco.

Argumenta la acusación que usar la Abogacía del Estado al servicio de Villarino infringe todos los requisitos que establece la ley que regula la actuación de los abogados del Estado: nadie ha ejercitado acción penal alguna contra Villarino, sino que ha sido el juez quien ha acordado llamarlo a declarar como investigado; y su imputación no es consecuencia del «legítimo ejercicio del cargo» que ostentaba, sino por haber infringido presuntamente gruesos preceptos legales que provocaron una crisis diplomática que ha supuesto también un quebranto económico.

Además, Urdiales advierte que tampoco consta que se hayan cumplido con requisitos formales esenciales , entre ellos la emisión de una propuesta razonada por parte del actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares , en la que argumente la procedencia de utilizar a la abogacía del Estado para defender a Villarino.

Asimismo, la acusación popular destaca que la defensa de este imputado no es compatible con la defensa del interés general, que –subraya– es la prioridad por la que deben velar los abogados del Estado. A juicio de Antonio Urdiales, este es un nuevo caso en el que el Ejecutivo pretende convertir a la Abogacía del Estado en los abogados del Gobierno.

Por último, en el recurso que ha dirigido al juez Lasala, la acusación popular censura que el Gobierno pretenda privilegiar al imputado Villarino con una defensa gratuita a través de los abogados del Estado en un caso en el que se investiga la conducta presuntamente ilícita de un alto cargo.

«Los funcionarios investigados por delitos graves no pueden beneficiarse de los servicios del Estado, solo aquellos en los que se presuma desde su inicio una conducta lícita», advierte el letrado Antonio Urdiales. «¿Qué es esto de delinquir con cargo a los contribuyentes?» , remarca en el recurso que ha dirigido al juez.