C's acusa a Lambán de «vulnerar la ley» para ganarse el apoyo de Podemos

La medida impulsada por el Gobierno aragonés es fruto de un pacto suscrito con Podemos para, a cambio, garantizarse los votos del partido de Echenique cuando se voten los presupuestos de la Comunidad autónoma para el presente año, algo que ocurrirá en las Cortes regionales a primeros de mayo.

Los colegios concertados afectados por el plan de cierre de aulas recurrieron a los juzgados, y estos han cursado una batería de autos en los que dejan en suspenso la supresión de dichas aulas mientras sigue adelante el litigio sobre la procedencia o no de eliminar esos conciertos educativos.

Este varapalo judicial ha colocado en una comprometida posición al Ejecutivo PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán. Y desde la oposición apuntan ya directamente contra la consejera de Educación, la también socialista Mayte Pérez, quien ha dicho sentir que su Gobierno se siente «indefenso» para planificar su política educativa, ante los autos judiciales que ha recibido en su contra.

Desde la oposición han criticado esta reacción de la consejera aragonesa de Educación, recuerdan al Gobierno regional que ya le advirtieron que ese pacto con Podemos para suprimir aulas en la enseñanza concertada era de más que dudosa legalidad, le piden que asuma las consecuencias y apuntan a que, de verse definitivamente tumbado en los tribunales, en el Gobierno aragonés tendrían que asumirse responsabilidades políticas por lo ocurrido. El PP ha acusado a Mayte Pérez de falta de respeto a las decisiones judiciales.

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar, ha asegurado que reclamarán responsabilidades a la Consejería de Educación si finalmente los tribunales dan la razón a la escuela concertada.

Según Susana Gaspar, si el PSOE de Aragón sigue en esta línea de «vulnerar la legalidad vigente» a través de acuerdos con «terceros partidos» tendrá que explicarlo a los ciudadanos.

Ha recordado también que, «por desgracia», esta no es la primera causa abierta contra medidas adoptadas por la consejería dirigida por Mayte Pérez sino «un nuevo frente abierto», por lo que le sorprendió «sobremanera» que en los presupuestos de 2017 disminuyera la partida para gastos judiciales y contenciosos y su grupo presentará enmiendas para que se incremente.

No obstante, ha considerado una «lástima» que los aragoneses tengan que asumir los costes de unas decisiones que son fruto de un acuerdo político.