Apagón del Gobierno para no explicar sus pactos en el Congreso

La Diputación Permanente de la Cámara Baja –el órgano que se reúne en periodos inhábiles para tratar asuntos pendientes y de urgencia– ha debatido si el Congreso llamaba a comparecer al presidente del Gobierno y a cinco integrantes más del Consejo de Ministros. Todas han sido rechazadas, con los únicos votos favorables de PP y Vox, a pesar de los recelos expresados por algunos aliados del Ejecutivo en torno a Fernando Grande-Marlaska, el titular de Interior, tras resolver el Tribunal Supremo que la expulsión de los menores inmigrantes que llegaron de forma masiva a Ceuta en 2021 fue ilegal.

Pero nada amenaza por ahora los intereses del Gobierno –con la excepción de Podemos, que tumbó un real decreto ley del Ministerio de Trabajo en su particular 'vendetta' hacia Yolanda Díaz–, mientras la ley de amnistía sigue tomando forma hacia su aprobación definitiva, cada vez más moldeada al gusto de prófugos como Carles Puigdemont, indultados como Oriol Junqueras e investigados como los Comitès de Defensa de la República o Tsunami Democràtic, encausados por presunto terrorismo.

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El PP quería llamar a Sánchez al Congreso para que diese explicaciones sobre el pacto alcanzado con Junts per Catalunya para que este partido se abstuviese en la convalidación de los tres primeros reales decretos leyes de la legislatura el pasado día 10, lo que consiguió salvar dos de ellos de una derrota que parecía segura. En aquel acuerdo, sobre el que el PSOE ni siquiera informó a la mayoría de sus diputados, que se enteraron del mismo en la votación, fueron los independentistas los que explicaron las contrapartidas en un comunicado.

Junts, entre otras cosas, conseguía la cesión de competencias en inmigración a Cataluña, lo que levantó polvareda por dos cosas: las posiciones antagónicas en la materia entre el partido de Puigdemont y ERC, que gobierna ahora mismo en solitario en la Generalitat; y el hecho de que este asunto es una competencia que la Constitución consagra como exclusiva del Estado. Sánchez dijo días después que no se iba a permitir que el Govern decida sobre flujos migratorios y sobre la expulsión de inmigrantes, sino que solo se iban a delegar cuestiones relacionadas con la integración de las personas acogidas. Algo que Junts niega.

La opacidad sobre este tema, por tanto, no termina de disiparse, por lo que la popular Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido la comparecencia del presidente ante el Congreso. Ahí, ha dicho retando a algunos de sus aliados, Bildu podría aprovechar para preguntarle sobre una hipotética amnistía a los miembros de la banda terrorista ETA y Junts, para terminar de atar «las promesas» del líder del PSOE, que, ha deslizado la diputada del PP, no son de fiar.

Las formaciones separatistas han tomado la palabra solo en el debate de ese primer punto para decir que no iban a seguir «la estrategia» del PP y que, por tanto, no iban a facilitar ninguna de sus peticiones. Tampoco la relativa a Grande-Marlaska, aunque Néstor Rego (BNG) y distintos parlamentarios de Sumar han remarcado que el Gobierno tiene que rectificar el «error» con los menores inmigrantes para que lo sucedido en Ceuta en 2021 «no se vuelva a repetir».

Al titular de Interior, el PP le reclamaba explicaciones no solo sobre el varapalo del Supremo en la crisis migratoria ceutí –asunto que ya abordó este martes en la comisión del ramo, aunque echando balones fuera–, sino sobre el pacto con Junts sobre inmigración y sobre las supuestas negociaciones entre su departamento y Bildu acerca de la situación de los presos de ETA en las cárceles españolas.

Los populares querían también que desfilaran por el Congreso Félix Bolaños, por el acuerdo para eliminar del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil –que iba a consagrar en la legislación española los efectos de una cuestión prejudicial ante Europa–; José Manuel Albares y Margarita Robles, ambos para explicar por qué España no se adhiere a la operación Guardián de la Prosperidad en el mar Rojo; y Carlos Cuerpo, por el pacto para forzar el regreso a Cataluña de las empresas que huyeron durante el 'procés'. «El PSOE explica sus acuerdos en cuanto se alcanzan», ha zanjado el socialista José Zaragoza.