La Fiscalía concluye que la UGT extendió su sistema corrupto de facturas falsas a todas las subvenciones que recibía

El fiscal ratifica que la UGT urdió un sistema para defraudar a través del 'bote' y el 'rapel' mediante facturas falsas y que el sindicato empleó mucho dinero recibido para estos cursos de formación en «fiestas y actos sindicales». Asegura que incluso llegaron a financiar un concierto con un curso de orientación para la mujer que facturó.

El tercer instrumento recaudatorio urdido por el sindicato, según Fiscalía, fue ceder en usufructo sus locales a la sociedad Soralpe «para cobrar su alquiler», otro artificio para engañar a la Junta según indicó. «Todo el circuito económico está perfectamente analizado por la UCO. De hecho, el 87% de los ingresos de Soralpe provenían de la UGT, que también se benefició de esta sociedad para sueldos, viajes y sobresueldos». En definitiva, concluyó que el sindicato «sustrajo» una parte importante de las subvenciones de estos cursos de la Junta «para uso propio» y se financió con las mismas. Según abundó, el sindicato se quedaba con el 12,5% de todo lo que facturaba.

Afeó además la falta de diligencia de la Junta por no realizar «ni una sola gestión de comprobación» del uso que se estaba dando a estas ayudas y le reprochó su falta de colaboración durante la investigación.

El fiscal eleva por tanto a definitivas sus peticiones de pena para el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe, Enrique Goicoechea. Cada uno se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros, así como que se les imponga el pago de una indemnización, conjunta y solidaria, de 40,7 millones de euros —cantidad que se corresponde con lo defraudado por estos cursos de formación— a la Junta, y a la responsable del departamento de Compras, al pago adicional de 4,2 millones de euros.

Por último y en un alarde de ironía, ha felicitado a los letrados de las defensas «por su inútil trabajo» dada la contundencia de las pruebas contra sus clientes, por lo que concluyó que la Sala tendrá que optar por una sentencia condenatoria.

Las acusaciones que ejercen de la Junta de Andalucía y el Partido Popular se adhirieron a los argumentos del Ministerio Fiscal. En el caso de la Junta, se acusa a la UGT de ocultar datos a la Administración con el fin de utilizar parte de las subvenciones para «fines impropios». Según añade esta acusación, la UGT creó el 'bote' sin que la Junta pudiera tener conocimiento de ello y dijo que aunque el 'rapel' era frecuente en el sector mercantil, no se debió emplear con una administración pública. También señala que estos descuentos se ocultaron a la Junta y que el sistema ideado de alquileres «fue un indudable artificio» dentro del mecanismo fraudulento establecido por el sindicato que le permitió subir los costes «y engañar a la Junta. El sindicato se enriqueció de manera fraudulenta».

La acusación que ejerce el PP concluye que la conducta de la UGT se basó siempre en el «ocultismo» y que el 'rapel' se pagó con frecuencia en efectivo y con cheques al portador «en lugar de con facturas de abono. Hay indicios más que acreditados para una sentencia condenatoria».