Los argumentos de Griñán para evitar entrar en la cárcel

La defensa del que también fuera consejero de Economía y Hacienda y presidente del PSOE federal, José Antonio Griñán, presentó el pasado 27 de septiembre un incidente de nulidad ante la Sección Primera de la Sala Segunda del Supremo. En su escrito expuso hasta cinco motivos para tratar de desarmar la resolución que ratifica la resolución previa del tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que corresponde decidir si ejecuta o no la pena de cárcel impuesta a Griñán y a otros ocho de los 15 ex altos cargos de la Junta condenados por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. Manuel Chaves, por su parte, ha sido inhabilitado durante nueve años, aunque lleva apartado de la política desde el año 2015, cuando dejó su escaño en el Congreso tras ser imputado por el Supremo.

El incidente de nulidad es un trámite ineludible para solicitar el amparo del Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración de derechos fundamentales. En primer lugar, la defensa del expresidente denuncia que se ha quebrantado su derecho a la presunción de inocencia por «la notificación fraccionada de la sentencia». Primero se comunicó el fallo (26 de julio pasado) y después la sentencia íntegra (14 de septiembre), lo que ha convertido a Griñán en un «condenado sin sentencia» durante cincuenta días, aseguran las citadas fuentes. Solicita que se compense dicha vulneración con una rebaja a dos años de la pena de prisión, manteniendo en su integridad el resto de la condena. «Al padecimiento de una larga tramitación ha tenido que añadir el sufrimiento asociado a una intensa lesión de su derecho a la presunción de inocencia por la afirmación inmotivada de su culpabilidad», argumenta el escrito.

En su recurso de casación había solicitado al Supremo que revisara el relato de hechos probados de la sentencia porque reprochaba a Griñán su «pasividad» para frenar «las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas» que da por hecho que las conocía, así como «la ilegalidad del criterio de presupuestación que se venía utilizando para evitar el cumplimiento de la normativa sobre subvenciones». El letrado que ejerce su defensa presentó documentos que, a su juicio, contradicen dicha inacción y que demostrarían que se introdujeron controles siguiendo las indicaciones de la Intervención de la Junta, pero el Supremo «no ha contestado».