Las acusaciones ven «razones políticas» en el giro de la Fiscalía para no acusar a los jefes de ETA

Antza y Anboto se negaron a declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional alegando uno que ya había sido condenado en Francia y la otra que el país galo no la había entregado por esta causa. Previamente, Alonso, había elevado una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que aún dirige quien será sustituto de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, que concluyó que debía prevalecer la doctrina sobre la prescripción tradicional frente a la tesis del fiscal inicial. Es decir, que ambos etarras no podían ser juzgados por este delito dado que 25 años después ha prescrito.

Mota defiende que la prescripción no empieza a contar hasta el momento de la detención; sin embargo, desde la Secretaría Técnica interpretan que el tiempo empieza a correr en el momento en el que se comete el delito. Es decir, desde el momento en el que se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Ante este cambio de criterio, Mota se negó a ir a la comparecencia celebrada en el juzgado y, en su lugar, acudió otro fiscal, Pedro Rubira, que sí estaba de acuerdo con el criterio de la Secretaría Técnica. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, en la comparecencia explicó que el informe de la Guardia Civil que señalaba a Mikel Antza y Anboto como los dirigentes de ETA que ordenaron y pudieron haber evitado el crimen del concejal de Ermua no es suficiente para exigirles una posible responsabilidad penal si no hay más pruebas que lo sustenten, como saber dónde estaban los días en los que se produjo el secuestro y ejecución, teniendo en cuenta, además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si bien, aseguran otras fuentes fiscales, es pronto para sacar conclusiones pues la investigación sigue su curso y valorarán más adelante si hay indicios suficientes y motivos de prescripción.

El resto de acusaciones –Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP– han pedido las mismas medidas cautelares para Antza: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de un domicilio. Se trata de las mismas medidas que tiene ya impuestas en la causa en la que también se investiga desde hace unos meses a miembros de la excúpula de ETA por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995.

Desde la asociación Dignidad y Justicia, acusación popular en el caso de Miguel Ángel Blanco, hay preocupación «por los últimos movimientos que se han producido en la Fiscalía», en referencia a ese nuevo punto de vista del Ministerio Público. DyJ, y su presidente, van más allá en la lectura que hace el ministerio fiscal a raíz de la Ley de Imprescriptibilidad de 2010 y desde la asociación consideran que desde 1990 este tipo de hechos no prescriben. Portero llevará este caso al Tribunal Europeo de Estrasburgo porque asegura que en esa instancia judicial «sí hay jurisprudencia». «Me dan igual los tribunales españoles», dijo el presidente de DyJ, ya que considera que la Fiscalía «se enroca en simplezas». «Iremos hasta el final, porque nos respalda una sólida argumentación jurídica basada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», dijeron desde DyJ.

«Sánchez está maniobrando para desactivar, a petición de Bildu, las siete causas que coordinan jueces diferentes contra los jefes de ETA», advirtieron desde la asociación presidida por Portero, quien defendió que este movimiento está «para que lo vean los dirigentes de Bildu que están sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez».

En un comunicado, DyJ señala la coincidencia del criterio en el Ministerio Público con el cambio de fiscal general, Álvaro García Ortiz, mano derecha de su predecesora, Dolores Delgado: «El Ministerio público ha cambiado al encargado de la acusación en el caso Miguel Ángel Blanco y ha desvelado su intención de no seguir impulsando el procedimiento».

DyJ también anunció, en consonancia con su presidente, que seguirán luchando e «irá hasta el final con este asunto en los tribunales».

Por otra parte, desde la AVT, otra de las acusaciones populares en el caso del concejal del PP de Ermua, prefirieron no posicionarse al respecto del cambio de criterio en la Fiscalía. «No hay nada raro», comentó la abogada de la asociación, Carmen Ladrón de Guevara, quien añadió que no tenía datos ante «una situación muy compleja».

La abogada de la AVT expresó que conocieron este cambio de criterio a través de la medio de la prensa y que «desconocemos lo que ha pasado». Por ello, prefieren mantenerse al margen.