La sentencia del TC convierte en papel mojado la Ley de Partidos
Zapatero y Rajoy, en una de sus últimas reuniones - ÁNGEL DE ANTONIO

La sentencia del TC convierte en papel mojado la Ley de Partidos

El fallo permitirá dejar vía libre a los batasunos para todos los comicios futuros

N.VILLANUEVA
MADRID Actualizado:

Además del varapalo al Tribunal Supremo y una fractura «judicial» difícil de explicar a los ciudadanos, la decisión del Tribunal Constitucional de dejar pasar las listas de Bildu supone, sobre todo, un mazazo a la Ley de Partidos, creada, precisamente, para acabar con la impunidad con la que los terroristas utilizaban las instituciones democráticas. Esa filosofía fue la que llevó a aprobar esta ley el 27 de junio de 2002. Se trataba, en definitiva, como reza su exposición de motivos, de garantizar el funcionamiento del sistema democrático al impedir «que un partido pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas».

Sucesores de Batasuna

Gracias a este texto —apoyado por PP, PSOE, CiU, CC y el Partido Andalucista—, el Tribunal Supremo pudo ilegalizar Batasuna en 2003, basándose en el apoyo a la banda terrorista y al no rechazo de la violencia como forma de hacer política. Luego vendrían las demás ilegalizaciones, en algunos casos, o en otros, vetos a la concurrencia de los proetarras a distintas convocatorias electorales: Acción Nacionalista Vasca (ANV), el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), Herritarren Zerrenda (HZ), Aukera Guztiak, D3M, Askatasuna y más recientemente Sortu, sucesor también de ETA-Batasuna.

La doctrina hasta este momento era clara: por mucho que los proetarras creen nuevos partidos, introduzcan en sus listas a personas sin vinculación aparente con la izquierda abertzale, aunque condenen con medias tintas la violencia, siempre se trataba del mismo perro con distinto collar.

«La trayectoria vital de un partido político puede plasmarse en una línea de continuidad a lo largo del tiempo por más que dicho partido se revista de ropajes formales diferentes, mediante el cambio de siglas o signos distintivos o cualesquiera otros artificios que busquen precisamente camuflar esa continuidad bajo la vestidura aparente de organizaciones diferenciadas», advertía el Supremo en su última sentencia sobre Bildu, la revocada ayer. También ponía el acento sobre la aparente condena de la violencia: es una «táctica instrumental» auspiciada por la propia ETA para impedir la ilegalización de su «rama política». De ahí los circunloquios o el cuidadoso empleo de los vocablos que no ha tenido en cuenta el Tribunal Constitucional.

«Instrumentalizada»

Y es que no hay que remontarse muy atrás para comprobar que hasta este momento la justicia siempre había sido consciente de las maniobras con las que la «izquierda abertzale» ha intentado sortear la ilegalización de Batasuna.

Sin embargo, la conclusión ahora es clara: el aval del TC a e método de los batasunos de absorber a formaciones legales mediante una coalición abre una vía que dará seguridad jurídica e iluminará el camino a futuras listas en las elecciones autonómicas vascas o a los comicios europeos. Un peligroso precedente, en definitiva, porque los promotores de Bildu ya disponen del argumento constitucional necesario para superar cualquier filtro amparado en la Ley de Partidos Políticos. Más aún, el fallo del TC no solo deja en cierto modo en papel mojado ese instrumento democrático creado precisamente para evitar el avance de los terroristas y sus acólitos en las instituciones: también desautoriza la investigación realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y el trabajo hecho por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra Bildu.