FAES insta a quitar competencias en áreas fáciles de corromper

Una de las cuestiones que denuncia el informe son los numerosos escándalos de corrupción que vienen surgiendo en los ámbitos local y autonómico, aunque no se hace referencia explícita a ningún caso concreto, llámese «Gürtel» o «Pretoria» por poner dos ejemplos recientes.

En este sentido, afirma el estudio de casi doscientos folios que «la política municipal, en torno a la regulación legal del suelo, y la política autonómica, en sus más diversas manifestaciones, se han visto envueltas en problemas éticos y de abierta corrupción». La influencia de los grupos de interés próximos a los gobiernos «hace de esta cuestión un serio problema» y propone como una de las posibles soluciones «alejar la toma de decisiones» del ámbito territorial sobre el que surten sus efectos.

De este modo, la intervención de las administraciones regionales en las áreas sensibles de los gobiernos locales y, a su vez, la de la Administración central en las de los gobiernos regionales, «son un mecanismo potente para evitar estos casos», aunque ello plantee una cesión de autonomía.

Esta es una de las muchas reflexiones que se hacen en un texto del que el PP puede sacar propuestas electorales para los comicios de mayo y, también, para las generales de 2012, algunas ya esbozadas por Rajoy, como la eliminación de la mitad de las empresas y entes públicos.

Los poderes públicos autonómicos replican estructuras y organizaciones ajenas, «generando una mitosis de funciones y servicios que se compadece mal con un estudio racional de utilidades y necesidades», reza el texto solicitado por el PP a FAES.

Así, cuestionan la existencia de lo que llaman «entidades clonadas innecesarias» como los tribunales de la competencia, televisiones, «proliferación ineficiente» de universidades públicas, diarios oficiales, oficinas de turismo en el extranjero, institutos de estadística, institutos meteorológicos o agencias de protección de datos, todo ello de ámbito autonómico. Es más, también se apuesta por analizar las diferencias de coste en el funcionamiento de poderes básicos de las Comunidades como las Asambleas Regionales o Parlamentos y los Consejos de Gobierno.

No deja de ser llamativo que la tendencia de los últimos años sea de «crecimiento constante» de entidades públicas, repartido de manera desigual por Comunidades. En seis años, Castilla-La Mancha y Cantabria casi duplican el número de entidades, siendo el nivel de crecimiento muy intenso también en Aragón, Extremadura, Baleares y Murcia.

Además, «en plena crisis económica, España asiste a una visible incapacidad por parte del Gobierno central de tomar medidas de reducción del déficit en la parte tocante a las Comunidades. La experiencia hasta la fecha, según FAES, es que los acuerdos en materia de déficit de las Comunidades con el Gobierno central no han servido de mucho y los mecanismos de disciplina son poco creíbles.

A ello se une que dado que el modelo de financiación autonómica está basado fundamentalmente en transferencias o reparto de recaudaciones y que cada cinco años el sistema se renueva con un incremento en las aportaciones del Gobierno central, «existe una tendencia en las Comunidades a expandir el gasto de manera continua», denuncia el estudio. Frente a esta situación, «el Gobierno central no puede ser un simple observador o albacea del proceso, sino que debe garantizar su estabilidad y su debido funcionamiento».

Además, en el capítulo elaborado por el ex dirigente del PP Gabriel Elorriaga se alerta de que la demanda de mayor autogobierno y la inestabilidad política derivada de ella, cuando no existen ya márgenes para la cesión, «serán un elemento central del debate español durante los próximos años». «La conflictividad política se ha ido incrementando a medida que avanzaba el proceso descentralizador hasta llegar a un punto en el que parecen haberse agotado los márgenes para el consenso. La crisis económica está acentuando la percepción de que se han cometido numerosos excesos en el gasto», afirma Elorriaga.