Los vascos con problemas económicos podrán exigir una vivienda digna ante un juez

Entre los requisitos necesarios para que la administración reconozca este derecho el ciudadano figuran el de tener vecindad administrativa en la Comunidad, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder al mercado libre. Además, deberán estar inscritos en las listas del Instituto Público Vasco de Vivienda (Etxebide) y tener unos ingresos determinados. En concreto, no deberán superar los 15.000 euros para familias de 3 o más miembros, los 12.000 de 2 miembros y los 9.000 de un único miembro. Solo entonces se pondría a disposición del solicitante un piso en alquiler o, en su defecto, se le concedería una prestación económica para afrontar sus gastos de vivienda.

Además, el Gobierno vasco quiere fijar un canon para las viviendas que estén desocupadas de forma permanente durante más de dos años. Según anunció hoy el consejero del ramo, Iñaki Arriola, la base para el establecimiento de esta tasa, que podrán imponer los ayuntamientos vascos, será por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil. En este sentido, se contempla la posibilidad de la expropiación forzosa de viviendas de promoción pública en el caso de no estar destinadas al domicilio habitual , mantener la vivienda desocupada durante un año, incumplir los deberes de conservación, sobreocupación o transmisión no autorizada, informa Efe.

Otro de los puntos fuertes del texto es la rehabilitación de los edificios , ya que los propietarios que no cumplan con la normativa serán sancionados por ello. Asimismo, las comunidades de vecinos podrán sacar adelante proyectos siempre que cuenten con el apoyo de la mitad de los propietarios.

La ley podría ser aprobada a mediados de 2012 tras ser debatida en el Parlamento Vasco.

El borrador de la ley vasca de vivienda s erá sometido ahora al debate con el resto de fuerzas parlamentarias y los municipios. Además, los ciudadanos también podrán presentar sus propuestas a través de las redes sociales e internet. El Gobierno espera que la norma pueda estar aprobada para mediados del próximo año.