¿Qué es y para qué sirve el Defensor del Pueblo?

Soledad Becerril ha anunciado hoy que tras cumplir su mandado de cinco años — fue elegida en julio de 2012 — no renueva y deja de estar al frente del que se define como «Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas».

Desde su creación en 1982, la persona que lo preside es elegida por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad —según se destaca en la web del Defensor del Pueblo—, desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad , con autonomía y según su criterio. Además, goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

A Joaquín Ruiz-Giménez (1982-87) le siguieron Álvaro Gil-Robles (1988-93), Fernando Álvarez de Miranda (1994-99), Enrique Múgica (2000-05 y 2005-10) y Soledad Becerril (2012-17).

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor y solicitar su intervención , que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública o sus agentes, presuntamente irregular. La institución también puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

Pueden presentar quejas, de manera individual o colectiva , cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España.

Residir fuera de España, estar incapacitado legalmente o estar internado en un centro penitenciario o de reclusión tampoco son impedimentos para dirigirse al Defensor del Pueblo.También puede presentar una queja una asociación o cualquier otra persona jurídica. Con cada queja recibida se abre un expediente y en un breve periodo de tiempo se responde si la institución tiene competencias para ayudar o no.

Si de una queja se desprende una presunta irregularidad , el Defensor del Pueblo interviene ante la administración competente para obtener información sobre el caso y proponer soluciones. Los ciudadanos también pueden pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los datos más recientes —desde el 1 de enero al 5 de junio de este año— arrojan los siguientes datos: 27.994 ciudadanos atendidos , la realización de 10.385 actuaciones, 323 actuaciones de oficio y 1.113 resoluciones. Según esta institución, las administraciones aceptan más del 82% de las resoluciones del Defensor.

No puede actuar si no ha existido intervención de las administraciones públicas , si se trata de conflictos entre particulares o con empresas privadas que no sean agentes de la Administración.

Tampoco si ha transcurrido más de un año desde el momento en que se haya tenido conocimiento de los hechos objeto de la queja o si se trata de quejas anónimas, si no se especifican los motivos concretos de la queja, si se aprecia mala fe o en aquellas cuya tramitación pueda acarrear perjuicios a legítimos derechos de terceros.

No lo hace si se plantea disconformidad con el contenido de una resolución judicial o si el caso está pendiente de resolución por los tribunales.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.

También realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad destinadas a detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos.