Luz verde al voto del exilio vasco, pero no antes de las urnas

Mes y medio después de la primera reunión, la veintena de “sabios” de derecho constitucional y ley electoral ha logrado pulir sus diferencias a la hora de abordar las “complejidades jurídicas” de la reforma, que requiere de un consenso amplio por su carácter sensible, pero que en cualquier caso no llegará a tiempo para las próximas elecciones autonómicas vascas, previstas como muy tarde para marzo de 2013.

El texto final recoge el reconocimiento del derecho a voto a las personas que, habiendo estado empadronadas en el País Vasco o Navarra por un periodo de tiempo de entre “cinco y diez años”, puedan volver a votar en su antigua ciudad de censo. Para ello, deberán acreditar mediante denuncias, cartas de extorsión o -si lo hubiere- atestados policiales haber sido víctimas del acoso y extorsión etarra. En caso de que no exista documentación, bastará con firmar por escrito una “declaración jurada” en la que el afectado corrobore que su cambio de residencia se debió a la presión ejercida por el terrorismo etarra. Una vez aprobada la reforma, vía disposición adicional en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los afectados tendrán un plazo de seis meses para solicitar su inscripción en el nuevo censo, el último en el que figuraron en Navarra o País Vasco.

Fuentes próximas al Ejecutivo apuntaban anoche que entre los asuntos a debate en el consejo de expertos se estudiaba la posibilidad de sancionar, e incluso tipificar como delito, si se demuestra que la declaración “no se hace ajustada a la verdad”. Otro de los puntos sobre la mesa es la necesidad de reconocer automáticamente y, por tanto, incluir en el censo vasco a los descendientes de las personas afectadas por la violencia.

Desde la dirección del PP asumen que la reforma, para la que aún deben ganarse el apoyo de un PSOE reticente, no llegará a tiempo para los comicios vascos, que podrían adelantarse a otoño, y que en cualquier caso se celebrarán antes de marzo. Con todo, reiteran que el deseo del Gobierno es reconocer y reparar a quienes se vieron forzados a exiliarse. “No hay prisa. Nos da igual que no se apruebe antes de las vascas. Pero si queremos hablar con una mínima solvencia y credibilidad de Justicia y reparación a las víctimas, debemos devolverles su plena condición política de ciudadano vasco. Es tiempo de reconstruir lo que ETA quiso destruir por medio de la limpieza ideológica del censo electoral”, aseguraba ayer un portavoz autorizado de la dirección nacional del PP.