Unipost sigue enviando notificaciones para el 1-O

En algunos casos, según ha podido saber ABC, ha sido la empresa privada Unipost -propiedad de la familia Raventós, que también controla Codorniú- la encargada de distribuir las notificaciones de la Generalitat. Se trata de la misma empresa de mensajería que colaboró con el Gobierno autonómico en la consulta anulada del 9-N de 2014 y la misma en la que la semana pasada la Guardia Civil requisó 45.000 notificaciones del referéndum ilegal del próximo domingo.

Los sorteos en los que se eligieron a los 55.000 miembros de las mesas se celebraron hace semanas y la intención de los separatistas era haber enviado las notificaciones por correo postal entre el 8 y el 15 de septiembre. Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional prohibió el referéndum, el Gobierno pidió a Correos que paralizara los envíos relacionados con la consulta.

Fue entonces cuando la Generalitat intentó burlar la prohibición a través de su vieja aliada, Unipost. Esta empresa, en concurso de acreedores, arrastra una deuda de más de 48 millones de euros y unas pérdidas millonarias. Sin embargo, hace unos meses recibió un préstamo de la Generalitat de más de tres millones de euros.

Las sospechas llevaron a la Guardia Civil a registrar el pasado 19 de septiembre las sedes de Unipost en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Manresa y Tarrasa, y los agentes requisaron en dos naves de estas últimas localidades un total de 45.000 notificaciones que iban a ser remitidas a las personas elegidas como presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales.

Esta operación de la Guardia Civil supuso un contratiempo para los planes de Carles Puigdemont, pero se sospechaba que el presidente de la Generalitat dispondría de un plan alternativo para formar las mesas electorales y mantener el referéndum.

Como la Generalitat veía que, con tantas dificultades, se iban a agotar los plazos para notificar a los miembros de las mesas electorales, la sindicadura electoral catalana decidió dar una prórroga, decisión que adoptó justo antes de su disolución el viernes de la pasada semana. Según el nuevo plazo, los miembros de las mesas electorales podrían recibir la notificación hasta cuatro días hábiles antes del referéndum . Es decir, que el último día en el que se podía recibir la citación, según los convocantes, era el martes 26 en Barcelona, Tarragona y Gerona, y el lunes 25 en Lérida, ya que en esta provincia es fiesta mañana, viernes 29, festividad de San Miguel.

En cuanto empezaron a recibirse las notificaciones del referéndum ilegal, la asociación de juristas Llibertats facilitó a través de su web y de las redes sociales un modelo de la denuncia que los afectados pueden presentar ante el Juzgado de Guardia de su localidad. En esa denuncia, se recuerdan las providencias del Tribunal Constitucional que anularon el referéndum y que, por tanto, dejan también sin efecto los sorteos realizados para elegir a los miembros de las mesas electorales. Al «flagrante incumplimiento de dicha suspensión», la denuncia añade que el uso ilegal de datos personales para el sorteo podría haber vulnerado también la Ley Orgánica de Protección de Datos, con las consecuencias penales y de responsabilidad civil indemnizatoria que podrían derivarse.