La Unión Europea valora un control preventivo para evitar abusos como el de Sánchez con el CGPJ

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado este martes otra resolución en la que insta a la Comisión a evaluar las medidas que han tomado los países para luchar contra la pandemia, para considerar su impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos . Además, el Consejo y el propio Parlamento están a punto de cerrar un acuerdo para implantar un sistema de evaluación que incluye un mecanismo de denuncia preventiva para actuar contra medidas que puedan tomar los países incluso antes de que se hayan aprobado, como condición para poder recibir ayudas europeas.

La resolución adoptada el martes por la comisión de libertades ha vuelto a advertir que algunas iniciativas adoptadas por los gobiernos en el marco de la lucha contra la pandemia podrían suponer un «riesgo de abuso de poder» y que cualquier restricción que afecte a las libertades fundamentales debe ser «necesaria, proporcional y limitada en el tiempo».

La comisión de libertades también pide a los gobiernos que consideren poner siempre un plazo concreto a las medidas excepcionales como el estado de alarma o al menos, que definan claramente la delegación de poderes a sus ejecutivos y se aseguren de que «existan controles y contrapesos parlamentarios y judiciales adecuados». Para evitar abusos, se pide a la Comisión Europea, que ya tiene medios para ello, que su supervisión de las medidas excepcionales sea «permanente y efectiva» .

Por si fuera poco, las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, donde están representados los países, están a punto de cerrar un pacto para establecer un mecanismo específico que vinculará las ayudas europeas al respeto a los principios democráticos. Según fuentes parlamentarias, la novedad añadida en las últimas reuniones es que ese mecanismo podrá actuar de manera preventiva, es decir, antes de que los gobiernos hayan adoptado formalmente medidas que se consideren perjudiciales para el equilibrio de las instituciones.

En el caso español, por ejemplo, se podría activar esa denuncia si el Gobierno no retirase formalmente sus planes de reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial , sin esperar a que llegase a ser aprobada. Este sistema ha sido apoyado por una mayoría de diputados de todos los partidos.

La negociación en este campo cuenta con el impulso explícito de Alemania, que es el país que más eurodiputados tiene y que este semestre ejerce además la presidencia rotatoria del Consejo. Es una determinación tan grande que para algunos resulta más importante que los números en el presupuesto comunitario, que se está negociando al mismo tiempo, porque es la primera vez que los beneficios económicos de la UE van a estar vinculados a que los países se mantengan dentro de los principios europeos.

Daniel Caspary y Angelika Niebler, los jefes de la delegación popular alemana, han enviado una carta al responsable de las negociaciones presupuestarias por parte del Parlamento, el belga Johan Van Overtveldt, en la que le hacen llegar su «irritación» por su empeño en arañar a los países algo más de dinero, que es algo «extremadamente improbable y puede dar lugar a retrasos muy largos», en vez de centrarse en apoyar la condicionalidad de las reglas del Estado de derecho para los países que no cumplan.