El Tribunal Supremo acepta investigar a Forcadell y la Mesa del Parlament por rebelión

[ Sigue al minuto toda la información sobre el desafío independentista ]

La Fiscalía General del Estado presentó este lunes una querella contra Forcadell y cinco miembros de la Mesa por tramitar en el Parlament las leyes de la ruptura que dieron cobertura al proceso independentista ilegal. El Ministerio Público les acusa de «dinamitar los cimientos del Estado de Derecho» con sus planes secesionistas unilaterales.

Esta querella se presentó ante el Supremo por el carácter de aforados de cinco de estos seis querellados. A pesar de la disolución del Parlament, Forcadell y otros cuatro miembros de la Mesa ( Anna Simó, Lluis Guinó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet ) conservan el fuero al formar parte de la Diputación Permanente, el órgano interino que rige la Cámara autonómica hasta que haya nuevos diputados. El sexto querellado, Lluís María Corominas, no está aforado pero su causa se ve arrastrada al Supremo por el resto, de quienes no se puede desligar su actuación. Corominas, presidente de Junts pel Sí, fue parte de la Mesa.

La sala segunda del Supremo, en un auto del que es ponente su presidente, Manuel Marchena , también se considera competente para asumir las investigaciones abiertas contra Forcadell y la Mesa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si el instructor lo considera oportuno, por su «naturaleza inescindible» con estos hechos.

Según los jueces, la investigación alumbrará si estamos ante un delito de rebelión , después de que la querella incluya extensa argumentación sobre la concurrencia de este tipo penal. La Fiscalía considera que existe el requisito de violencia, a pesar de que no se diera un alzamiento armado para declarar la independencia. El Supremo explica, además, que también se castiga una preparación o conspiración para la rebelión.

«El carácter plurisubjetivo del delito de rebelión hace perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de cada una de las aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña—tolera contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos». El Supremo argumenta que el delito de rebelión adquiere una incuestionable vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado.