Esclavos a la vuelta de la esquina
Dos inmigrantes marroquíes recogen limones en Alicante - abc

Esclavos a la vuelta de la esquina

La Policía Nacional detiene a una familia alicantina por un delito de trata de personas con fines de explotación laboral

madrid Actualizado:

Una jornada laboral de 24 horas arando tierra a pleno sol. Sin contrato. «Sin papeles». Vejados y humillados. Y por 300 euros al mes.

Aunque en 1837 la esclavitud fue por fin abolida en la España peninsular, en pleno siglo XXI siguen existiendo quienes se dedican a la trata de personas con fines de explotación laboral. Muchos inmigrantes ilegales —principalmente provenientes de África, Ecuador, el Magreb o los países del Este— trabajan en condiciones infrahumanas bajo la promesa de que acabarán siendo contratados y podrán regularizar su situación en el país.

En Alicante, la Policía Nacional detenía ayer a tres personas por un delito contra el derecho de los trabajadores y trata de seres humanos. Los individuos obligaban a cuatro africanos a trabajar en la finca que regentaban como si de esclavos se tratase. No es un caso aislado.

La trata de personas es un grave atentado contra los Derechos Humanos que afecta sobremanera a los inmigrantes en situación irregular que buscan mayor calidad de vida en los países más desarrollados. Además, los últimos informes de Europol apuntan a que el tráfico de inmigrantes y la trata de personas son dos de los retos de lucha contra la delincuencia organizada más importantes en la actualidad.

Según la Organización No Gubernamental «Accem», el servicio doméstico, la construcción, la industria textil, la hostelería y el trabajo en el campo, entre otros, son los sectores en los que se dan casos de trata de seres humanos en España, y la califica como «una forma moderna de esclavitud».

Protección de las víctimas

Dos de los cuatro inmigrantes que eran explotados en la finca de Alicante se acogieron al Plan Nacional contra la trata de seres humanos. Tal y como recoge el Plan, la nueva Ley de Extranjería de julio del año pasado permite solicitar la suspensión de decretos de expulsión y la concesión de autorizaciones de trabajo o residencia con carácter excepcional a las víctimas, personas perjudicadas o testigos de actos de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, tráfico ilícito de mano de obra o explotación de la prostitución, cuando denuncien o colaboren con las autoridades policiales o judiciales en la lucha contra las redes organizadas.

Además, se establece un periodo de 30 días de reflexión para que las víctimas decidan si cooperan con la justicia para inculpar a los mafiosos que trafican con personas. Durante ese tiempo, la víctima tiene autorizada «la estancia temporal» en el país y tiene asegurada su «subsistencia, seguridad y protección».

Pero nueve de cada diez víctimas de trata rechazaron en 2011 esta protección policial, según la Brigada Central de Redes de Inmigración. Los motivos suelen ser el miedo a denunciar a sus explotadores o a la deportación.

Dos siglos más tarde de su abolición, la esclavitud sigue existiendo, aunque sus grilletes ahora son las promesas de un futuro mejor.