A vueltas con las torturas

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional recuerda que la denuncia fue formulada por Villaverde dos meses después de su detención y que consta en los expedientes que a lo largo de su arresto policial -la denunciante dijo haber sufrido amenazas y malos tratos como mantenerla de pie durante noches enteras-, se practicaron por los médicos forenses sucesivas exploraciones que no evidenciaron lesión alguna. A juicio del tribunal «las consideraciones sustanciadas en el escrito de denuncia ahondan en la concurrencia de elementos razonables que permiten descartar (...) que ésta contenga afirmaciones defendibles por supuestos malos tratos y se aprecia que han sido suficientes los medios de prueba practicados por el órgano judicial instructor de la denuncia (...) y anteriormente, con inmediatez, por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que recibió declaración a la denunciante».

Por contra, el fiscal sí interesó que se le otorgara el amparo solicitado y se reconociera la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes. A juicio del Ministerio Público, Villalba puso de manifiesto el empleo de una serie de medios y situaciones intimidatorios por los agentes policiales «tendentes a generar en la misma la creencia de un riesgo para su seguridad física», lo que desarrolló un sentimiento de temor de poder ser objeto de cualquier tipo de violencia sobre su persona destinada a vencer su resistencia a declarar». El Ministerio Público cree que esos presuntos malos tratos archivados no fueron suficientemente investigados.