Torra tiene hasta las 15 horas de este viernes para retirar lazos y esteladas de los edificios públicos

La Delegación de Gobierno envió ayer imágenes de algunas fachadas y edificios institucionales a la JEC, en cumplimiento del requerimiento que se le había hecho. Y, a partir de esos archivos, el órgano determinó varias cuestiones para cortar de raíz con las posiciones del gobierno catalán. La que tiene más calado es la de enviar el caso a la Fiscalía para que se pronuncie al apreciar indicios de un posible delito de desobediencia. Es decir, a criterio de la JEC, Torra ya podría haber incurrido en un quebranto de la legalidad. El delito de desobediencia se regula en el artículo 410 del Código Penal y puede derivar en la inhabilitación entre seis meses y dos años para el desempeño de cargo público. Si la Fiscalía determina que se ha cometido ese delito de desobediencia, se abriría causa penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En segundo lugar, y como quería el Gobierno para no tener que intervenir, es la JEC quien se dirige al consejero de Interior, Miquel Buch, para trasladarle que deben retirar toda la simbología independentista de los edificios públicos, tanto los lazos como las esteladas. Da de plazo hasta las tres de la tarde de hoy. Si no lo hace, se traslada este Acuerdo a los Mossos, para que procedan a «su inmediata ejecución». Fuentes de los Mossos consultadas por ABC esperan que la Generalitat sea la que proceda a la retirada de esos símbolos, para que no sea necesaria su intervención. Sin embargo, las mismas fuentes manifestaron su desesperanza al respecto porque «no han aprendido nada», en referencia a la actitud del Govern.

Desde Moncloa se llevaba días insistiendo en que debía ser la JEC la que pilotase este proceso, manteniendo al Ejecutivo en una posición subsidiaria de este organismo y renunciando a su potestad de recurrir de oficio a la Fiscalía. «El Gobierno está a disposición de las indicaciones de la JEC y seguirá sus instrucciones tantas veces como sea requerido», manifestaron ayer fuentes de la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez aseguró, desde Bruselas, que el Ejecutivo hará lo que le ordene la JEC «con serenidad, pero también con mucha determinación».

Por otra parte, la JEC va a abrir un expediente sancionador contra Torra por delito electoral por incumplir sus resoluciones, algo que desembocaría en una multa económica de entre 300 y 3.000 euros. Agarrándose a la literalidad de los acuerdos de la JEC del 11 y el 18 de marzo, Torra y los consejeros autonómicos cambiaron a lo largo de la mañana de ayer los lazos amarillos que se exhibían en los edificios públicos por otros silueteados de color negro con el interior blanco y con un trazo superpuesto de color rojo. Por la elaboración de las pancartas, la decisión de cambiar unos por otros no se pudo tomar el jueves por la mañana y, tampoco, probablemente, a última hora del miércoles, cuando Torra hizo pública la decisión de aceptar las recomendaciones del Síndic de Greuges –que conocía desde el viernes y coinciden con las de la JEC–.

Así, después de que funcionarios y altos cargos de la Generalitat tapasen la pancarta del lazo amarillo del balcón de la fachada del Palacio de la Generalitat por otra con el mismo lema –en catalán e inglés–: «Libertad presos políticos y exiliados» y con el lazo blanco, los consejeros autonómicos dieron órdenes para que en los edificios de sus departamentos hicieran lo mismo, es decir, se retiraron los lazos amarillos o se sustituyeron por otros blancos, en su caso, y en algún edificio se colgaron imágenes de animales y plantas de color amarillo.

Sin embargo, se mantienen –y así seguían al cierre de esta edición pese a la nueva orden de la JEC– los carteles con lemas partidistas, como los que hacen referencia a «presos políticos» o «exiliados»; e incluso, como en el caso de la fachada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se exhiben grandes imágenes de Oriol Junqueras, Joquim Forn y Jordi Sànchez –con la de Jordi Cuixart–, que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y que son candidatos electorales en las listas de los partidos secesionistas. Fotografías que, por ejemplo, se repiten, a menor tamaño, en la sede del departamento autonómico de Políticas Digitales y Administración Pública.

De la misma manera, en otros casos, verbigracia, como en la fachada del Palacio de la Generalitat se colgaron nuevas pancartas, en este caso en defensa de la libertad de expresión –que tanto la JEC como los tribunales, y hasta el Síndic, recuerdan que no es un derecho de las instituciones–, utilizando una iconografía que se hizo popular para defender al dramaturgo Albert Boadella en 1977, que fue acusado por injurias al Ejército.

Pese a estas medidas, poco antes de las 17.00 horas de ayer, Torra siguió intentando poner en marcha una estrategia de confusión total. A través de un escrito enviado a la JEC, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la Generalitat, Joan Ramon Casals, respondía a un oficio de la JEC en el que se le pedía a Torra su opinión sobre los argumentos contenidos en la denuncia que, horas antes, Ciudadanos había hecho llegar a la JEC, para recordar que el presidente autonómico no estaba cumpliendo con el acuerdo del máximo órgano electoral del pasado 11 de marzo.

Así, Casals pedía a la JEC que desestimase la petición de Ciudadanos (básicamente, lo que posteriormente se acordó en la reunión de la JEC) porque «como es público y notorio, no hay esteladas o lazos amarillos en la sedes de la Generalitat de Cataluña». La respuesta de Torra cayó en saco roto.

La Fiscalía, por lo tanto, ya tiene sobre la mesa la petición de la JEC, para que investigue si Torra ha cometido un delito de desobediencia, que podría acarrearle una sanción de inhabilitación para cargo público, como le ocurrió a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), que se negó a retirar una bandera independentista de la fachada del Consistorio, por lo que fue condenada a seis meses de inhabilitación.

Al paso dado por la JEC, cabe sumar que la Fiscalía ya tenía una petición de investigación desde el lunes, a propuesta de Ciudadanos; y otra, desde ayer, también, instada por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución por el mismo motivo.