Fachada del Palacio de la Generalitat, el día que expiraba el primer plazo para retirar los lazos
Fachada del Palacio de la Generalitat, el día que expiraba el primer plazo para retirar los lazos - Inés Baucells

Torra puede incurrir en desobediencia si no retira hoy los lazos amarillos

La Junta Electoral Central desestima su recurso y le concede otras 24 horas

MadridActualizado:

El penúltimo desafío del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por el momento ha conseguido una semana más de propaganda independentista colgando de los edificios institucionales y de titularidad pública. El pasado 11 de marzo la Junta Electoral Central (JEC) ordenó la retirada de los lazos amarillos y de las «esteladas» de aquellos centros dependientes del Gobierno autonómico, pero el sucesor del fugado Carles Puigdemont obvió la resolución e interpuso un recurso ante el órgano superior de la administración electoral española.

El escrito del presidente regional era ya en sí una mera reproducción del argumentario secesionista. Hablaba de la bandera independentista como «un símbolo que representa un anhelo de libertad y de reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta», pero obviando que es una enseña no oficial en la que menos de la mitad de los catalanes se ven representados. La JEC, reunida ayer en el Congreso de los Diputados, se dedicó a desgranar uno a uno los alegatos soberanistas y a defender lo que en cualquier país es lo evidente: que en periodo electoral debe primar la neutralidad en los poderes públicos.

Sin caer en ningún tipo de sectarismo, reconoció que la «estelada» es un «símbolo legítimo» con el que las formaciones políticas pueden hacer «propaganda», pero señaló que esto no faculta a los poderes públicos del Estado, entre los que se encuentran los ejecutivos autonómicos, a hacer lo mismo que los partidos. El motivo: el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) les obliga «al menos durante los periodos electorales» a «mantener una rigurosa neutralidad política».

Torra, en un argumento repetido hasta la saciedad por el independentismo, justifica el empleo de estos símbolos por las votaciones del Parlamento catalán, donde la mayoría independentista frustró la prohibición de emplear lazos amarillos en el espacio público y los edificios institucionales. El Tribunal Constitucional ya ha sentado doctrina en numerosas ocasiones y ha reiterado que «el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución».

También se sacude la JEC las dudas sobre su imparcialidad que busca sembrar el independentismo: «No puede defenderse que la estimación de una reclamación de quienes pretenden el restablecimiento de la neutralidad política –en alusión a los partidos constitucionalistas– suponga una ausencia de imparcialidad».

No es libertad de expresión

Otra de las tretas empleadas por Torra es la de afirmar en su escrito que no todas las instituciones públicas donde hay símbolos separatistas son titularidad de la Generalitat. La respuesta al «president», otra vez, raya en la obviedad: «Bastaría con indicar aquellos edificios concretos en los que se produjera esa situación». La libertad de expresión en la que se ampara el soberanismo tampoco excusa la presencia de los lazos, ya que ese derecho no incluye la utilización partidista de edificios públicos.

Ayer ya la JEC apercibió a Torra de las «responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pueda incurrir si persiste en la desobediencia a estos acuerdos de la Junta Electoral Central». La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, deberá indicar si se cumple con lo requerido.

La controversia de los lazos amarillos y la desobediencia de Torra ya ha provocado que el PP y Ciudadanos muevan ficha en Cataluña. El pasado sábado ambos partidos denunciaron al presidente autonómico ante la Fiscalía por incumplir su deber de velar por la neutralidad del espacio público en periodo electoral, algo que podría hacer la JEC si se obceca Torra en mantener unos símbolos que «pretenden recordar que candidatos pertenecientes a formaciones políticas se encuentran en situación de prisión preventiva».

La líder de la oposición en Cataluña y número uno de Ciudadanos por Barcelona el 28-A, Inés Arrimadas, celebró ayer el nuevo dictamen de la JEC, que a su juicio da la razón nuevamente a los posicionamientos defendidos por su partido. «Esperemos que Torra se dé la misma prisa en quitar la propaganda separatista que en abrir chiringuitos y poner más dinero para TV3», escribió en Twitter. Hoy Torra debe decidir si atiende a este nuevo ultimátum.